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Fuente: PUNTO MAGENTA 27 Junio 2019

 

 

Guión de explicación de los hechos

Los últimos meses el equipo jurídico que soporta la lucha de los denunciantes de corrupción hemos interpuesto varios procedimientos de denuncia (no archivadas, es decir en plena investigación) contra el Estado Español por encontrarnos que en varios procedimientos, sistemáticamente, al instar una cuestión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia de la UE, eran todas rechazadas.

Hablamos de las Salas 3a, 4a y 5a del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Catalunya, así como la Audiencia Provincial de Sevilla.

Algunos de estos procedimientos se han vehiculizado en tres denuncias a la Comisión, las clásicas, y una más a un Servicio de Compliance de la UE que se llama Direct-Europe.

Esta última denuncia a la que nos referimos corresponde a un procedimiento instado ante la Sala 3a del Tribunal Supremo (instancia única) por un juez sustituto, el Sr. Fruitós Richarte, quien pretendía, como otros jueces sustitutos, que se le reconociese su relación laboral.

La respuesta de la Unión Europea a la cuestión planteada por el Centro de Contacto Europe Direct con referencia 101000445226 llegó el pasado día 20. La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, (dependiente de una de las vicepresidencias de la Comisión) respecto al incumplimiento por parte del Estado español del artículo 267 TFUE afirmaba textualmente que:

A la luz de la nueva información facilitada por el informante y del análisis de la jurisprudencia pertinente, parece que el órgano jurisdiccional nacional debería haber remitido la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para una remisión prejudicial.”

Pero, sobretodo, añadía:

Hemos identificado más de sesenta casos entre febrero de 2015 y marzo de 2017 en los que el Tribunal Supremo español se negó a remitir el caso al Tribunal de Justicia. De acuerdo con la legislación española, no existe ningún recurso judicial contra la decisión del Tribunal Supremo y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 267 TFUE, el tribunal debería haber llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Una vez analizado el contenido de la sentencia, consideramos que las doctrinas ‘acte clair’ o ‘acte éclairé’ no eran aplicables al caso”.

Del anterior texto, que podía no haber sido escrito, o haber sido redactado de otra manera, después de consultarlo con más de una veintena de abogados y algunos magistrados, podemos concluir:

PRIMERO.- LA CALIFICACIÓN JURÍDICA

Que hay indicios claros, y confrontados por una administración pública independiente, como es la UNION EUROPEA, cuyo derecho, en su aplicación, tiene primacía y prevalencia sobre el nacional, que al menos los magistrados de la Sala III de lo contencioso y la Sala IV de lo laboral han cometido, presuntamente:

a) Un delito de prevaricación continuada por su insistente y continuada voluntad de, en perjuicio del justiciable, no aplicar el Derecho de la Unión, que es prevalente al Derecho nacional y tiene primacía sobre el mismo.

b) En los más de sesenta casos es muy dificil que las las personas que más deben saber de Derecho lo hayan impedido por ignorancia. No hablamos de acciones culposas, sino dolosas, a sabiendas.

c) Que, no encontrando rastros de oposición o votos particulares, se deduce que ha habido un acuerdo previo de las salas para que esto sea así, es decir que ha habido conspiración para vulnerar la ley.

d) Que además lo han hecho sabiendo el dolor que a los ciudadanos esto les produciría, es decir que también hay indicios fundamentados de «tratos degradantes» según reiterada jurisprudencia nacional, europea e internacional.

SEGUNDO: Ante esto qué hemos hecho:

a) Pedir que se aporte a cada una de las actuaciones abiertas copia de las investigaciones y expedientes referidos a esas más de sesenta vulneraciones de la legalidad en menos de dos años por parte del Tribunal Supremo Español.

b) Pedir que se notifique de las mismas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al disponer éste de amplia autonomía frente a las violaciones reiteradas del Derecho de la Unión por parte de un Estado.

c) Pedir que se notifique de las mismas a todos los afectados para que puedan ejercer sus acciones de Reclamación contra el Estado Español, de así desearlo. Estamos hablando de reclamaciones millonarias.

d) Se remita copia de las actuaciones y de todas las referidas en la contestación de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión a la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) por si en cada una de las sentencias detectadas hubiera defraudación en los intereses de la Unión.

e) Se tenga presente que, si bien el dictamen que se ha aportado como Documento n.º 2 se realizó con anterioridad a la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-619/18 de la Comisión Europea vs. Polonia de 24 de junio de 2019, el contexto y el resultado resultan ser los mismos. Se desprende de dicha sentencia que la independencia judicial es un asunto de derecho comunitario y por lo tanto sustraído de la legislación nacional, puesto que el TJUE afirma que “si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, al ejercer esta competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión”. La soberanía está cedida, la competencia de España es “solo” la de organización, para que puedan cumplir sin trabas las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión.

En virtud de lo expuesto anteriormente, hemos aportado además los siguientes documentos:

(adjuntamos al final enlace a la página para consultar los documentos referidos)

TERCERO: Y que más estamos haciendo:

A) Poner a libre disposición de todos los afectados y de sus abogados la documentación que tenemos y que les puede ser útil, entre los que se encuentra la versión 3 de la denuncia a la UE

b) Concertar con los Eurodiputados de varios grupos parlamentarios del Europarlamento para que creen una comisión de investigación ad hoc. Recordemos que la soberanía de parte de la Administración de Justicia y su control no es ya española.

También en el Parlamento Español se contacta con diputados y senadores para que investiguen las causas de esta chapuza en fraude de los ciudadanos por quienes cobran un salario, y no escaso, para juzgarlos en justicia.

c) Comunicar a los diversos defensores del pueblo que tienen gente afectada en su comunidad autónoma, para que los organicen.

d) Notificar de los hechos al Sr. Fabián Salvioli (Argentina) Relator Especial de NACIONES UNIDAS sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición.

CUARTO: Gravedad añadida

Estamos hablando de más de una sesentena de casos que han llegado a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, es decir, de ciudadanos e instituciones que en “empleo, asuntos sociales e inclusión”, pusieron su demanda de prejudicialidad, se la denegaron y denunciaron a Europa.

Pero, ¿cuántos son los que la pusieron y no se quejaron a la UE? ¿Cuántos fueron los que ya ni tan siquiera la pusieron, porque pensaban que era un muro infranqueable? ¿Cuántos de otras materias o juzgados? Sala V, Audiencia Nacional, TSJs, Audiencias Provinciales…..

Hablaríamos de miles de afectados, muchos de ellos que lo han perdido todo por causa de la actuación presuntamente delictiva de unos magistrados. Hablamos de los derechos de los funcionarios de todos los niveles y especialidades, de guardiaciviles a maestros, de bomberos a sanitarios. Hablamos de derechos sociales, sindicatos y trabajadores; pero también de multas y de sanciones, de fianzas y de impuestos, de despidos e indemnizaciones.

Esperamos que la Fiscal General del Estado abra expediente para que se separe inmediatamente de sus cargos aquellos que presuntamente prevaricaron. Han de irse a su casa, por decencia.

Finalmente recordar que los sistemas de administración judicial de Polonia, Hungría y España, son por decirlo de alguna manera “alejados” del resto de los demás países europeos. Esto se ha acabado a partir de la sentencia de 24 de junio de 2019, y suponemos que para eso vino a España el viernes 21 de junio el Presidente del TJUE.

QUINTO: Y un post-scriptum

Esto no habría sido posible sin la gente que se plantó frente a la corrupción y que ahora impulsa el PROYECTO MAGENTA; que por dos veces, en el europarlamento, señaló a la alta judicatura como herramienta indispensable para que la corrupción perviviera.

Y recordando la frase de uno de los intervinientes, referido a los jueces y ajusticiados corruptos: Sólo dejan caer a los que ya no pueden aguantar, a los que no tienen salvación, y sólo cuando no pueden ocultarlo públicamente.

Enlace a la página: https://puntomagenta.net/2019/06/27/guion-de-explicacion-de-los-hechos/

L@s que están, SE QUEDAN!!!

La Comisión Europea denuncia que el alto tribunal estaba obligado a consultar a la Corte de Luxemburgo en todos los casos

Fuente: CincoDías  ELPAISECONOMÍA

Redacción: Juan Portillo 16/07/2019

El caso de los miles de interinos de la administración pública española que han optado por reclamar judicialmente una plaza fija tras años cubriendo puestos en situación de temporalidad está a punto de ser abordado por la justicia europea. El asunto, sin embargo, debía haber llegado ante la Corte comunitaria hace años pero no lo hizo porque el Tribunal Supremo incumplió sus obligaciones.

Así lo ha denunciado la Comisión Europea en un escrito de respuesta a uno de los litigantes en el que reconoce que el alto tribunal evitó trasladar las cuestiones prejudiciales requeridas por los interinos en más de 60 casos de forma injustificada, como avanzaba este martes El Confidencial.

“Hemos identificado más de sesenta casos entre febrero de 2015 y marzo de 2017 en los que el Tribunal Supremo español se negó a remitir el caso al Tribunal de Justicia”, recoge el escrito de Bruselas, al que ha tenido acceso este diario, que se emitió el pasado 20 de junio tras una consulta remitida a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.

“De acuerdo con el artículo 267 TFUE, el tribunal debería haber llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE”, prosigue el escrito, que considera que la justificación del tribunal de que la causa estaba ya clara “no era aplicable”.

Las consultas a la Corte de Luxemburgo no pueden elevarlas los demandantes o sus abogados, sino que dependen exclusivamente del criterio del juez. Sin embargo, aunque en primera instancia la decisión recae únicamente en este, en instancias superiores los magistrados están obligados salvo que el TJUE ya haya aclarado el asunto en cuestión, explica a este diario Josep Jover, el letrado que impulsó la consulta a la Comisión Europea.

Jover defiende a un juez de la Audiencia Provincial de Barcelona que tras varios lustros ocupando una plaza en situación de interinidad decidió acudir a la justicia para solicitar que se le reconozca un puesto fijo. En la batalla judicial que emprendió, el juez acabó solicitando al Supremo que presentara una cuestión prejudicial sobre esta materia ante la Corte Europea.

El Supremo, sin embargo, se negó, como ahora se revela que hizo en al menos otras seis decenas de casos similares. Jover avanza que, con la respuesta de la Comisión Europea en la mano, presentará ahora una demanda contra el Estado español alegando que uno de sus poderes, el judicial, incumplió sus obligaciones.

A partir de ahí, asume que si se derivan responsabilidades penales por prevaricación, acuerdo para incumplir la ley y daños a los afectados, los magistrados del Supremo que tomaron la decisión de bloquear las cuestiones prejudiciales deberán de sentarse en el banquillo.

Más allá, Jover ha solicitado a Bruselas que notifique a todos los afectados por la decisión del Supremo que sus cuestiones prejudiciales debieron elevarse a Luxemburgo para que puedan demandar al Estado y solicitar al menos una compensación.

Después de todo, el asunto de los interinos ha acabado por llegar al TJUE por otra vía, una doble causa sobre personal sanitario de la Comunidad de Madrid, y su resolución se espera para después del verano.

Sin embargo, aunque la Corte europea dictaminara en favor de los interinos, su fallo no beneficiaría a aquellos que ya habían litigado y obtuvieron un fallo en firme en contra, lo que se podría haber evitado si el Supremo hubiese elevado su consulta hace años, expone Jover, que considera que puede haber 50.000 casos de este tipo.

Actualmente hay más de 5.500 demandas de interinos pendientes de resolución y esperanzados en que la regulación europea les ampare. Un fallo en su favor podría terminar beneficiando a más de 800.000 miembros del colectivo.

 

Enlace a la página: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/16/economia/1563273974_466229.html 

OTROS ENLACES A NOTICIAS RELACIONADAS CON ESTA:

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-07-16/comision-europea-tribunal-supremo-interinos_2127583/

https://diario16.com/denuncian-al-estado-por-prevaricacion-continuada-del-tribunal-supremo/


L@s que están, SE QUEDAN!!!

Adjuntamos enlace a la entrevista realizada ayer a D. Javier Aráuz, abogado de empleados interinos de las Administraciones Públicas, y en la que aclara las dudas que pueden surgir ante la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/tarde-24-horas-economia-15-07-19/5341211/?media=tve

Fuente: eldiario.es

Redacción: Armando Plaza 22/04/2019

La administración española, mantiene en FRAUDE de ley a cientos de miles de sus trabajadores por la temporalidad en su contratación

"Si el fraude lo comete la empresa, no debe pagarlo el trabajador", es lo que señala Europa. Y España esconde o lo intenta esconder

Que la Administración Pública en España sanciona al ciudadano duramente por el incumplimiento de las leyes, es algo que todos conocemos y debe ser así, porque las leyes son el sistema de convivencia del que nos hemos dotado, dándole el rimbombante nombre de ESTADO DE DERECHO.

Ahora bien, cuando se trata de sancionarse a sí misma o de cumplir las sanciones que nos vienen de Europa, esa visión de ESTADO DE DERECHO se difumina, cae en el olvido, se deja enmarañar en la lentitud de la justicia de la misma administración, o en el peor de los casos, se intenta soslayar dando apariencia de solución y escondiendo el problema, junto con los derechos adquiridos.

Europa ha señalado y obligado a sancionar la temporalidad en el empleo en las administraciones públicas. La administración española, mantiene en FRAUDE de ley a cientos de miles de sus trabajadores por la temporalidad en su contratación, o por la concatenación de contratos temporales sucesivos y mantenidos durante decenas de años, o bien por eludir el plazo improrrogable de tres años para convocar las plazas ocupadas por funcionarios interinos, vulnerándoles su derecho a la carrera profesional y dejándolos en un angustioso limbo.

Pues bien, lejos de cumplir la directiva europea que obliga a sancionar estas prácticas, y de hacer responsables a todos esos jefes de personal, concejales, directores generales y demás responsables de este fraude, para que esto no vuelva a ocurrir, y reconocer los derechos adquiridos a estos trabajadores, se inventan la mayor oferta de empleo del mundo con el beneplácito de sus cómplices. Recordemos que los sindicatos también han dejado hacer y han permitido este FRAUDE.

Esto supone el mayor ERE encubierto de la historia de España, diciendo que "te saco la plaza después de 20 años, la misma plaza que la ley me obligaba a sacarte a los tres años… y… LO PASADO, PASADO".

Lo pasado, pasado…se llama fraude de ley, y esto genera derechos, derechos de fijeza que viene a recoger una directiva europea con rango superior a cualquier ley de los estados miembros.

"Si el fraude lo comete la empresa, no debe pagarlo el trabajador", es lo que señala Europa. Y España esconde o lo intenta esconder.

Enlace a la página:https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Fraude-administracion-Europa-Espana-esconde_6_891420850.html

L@s que están, SE QUEDAN!!!

Fuente: Diario16

Redacción: José Antonio Gómez 14/07/2019

Fruitós Richarte i Travesset, Manresa (Barcelona) 1968, licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona, abogado del colegio de Manresa, magistrado suplente y juez sustituto del Tribunal superior de justicia de Catalunya de 2009 a 2016, profesor asociado a la Universitat Rovira y Virgili, profesor del Máster de la Abogacía de la Universitat Autònoma de Barcelona y compliance manager en su empresa de servicios jurídicos JUDILEX.

Sr. Richarte la justicia en España parece que está desahuciada, ¿estamos tan mal como parece?

De qué justicia me habla, pues hay varias, si usted me habla del servicio público de justicia, en las primeras instancias, no estamos mal, estamos indebidamente financiados e indebida y adredemente limitados en cuanto a recursos. Si usted me habla del “Poder Judicial”, le diré que estamos peor que desahuciados. Desde mi punto de vista no existe el llamado Poder Judicial, que debería apodarse “función judicial” del Estado. Esta justicia está desquiciada, con una amalgama de intereses y de administraciones concurrentes cada una con sus objetivos, con el Ministerio de Justicia al frente del barco, que no debemos olvidar es PODER EJECUTIVO, con el poder legislativo que aprueba el presupuesto limitando el presupuesto de justicia o destinándolo a lo que no lo debe destinar, y los jueces y juezas entretenidos con el Consejo General del Poder Judicial, que, pese al nombre, no tiene poder real sobre la justicia, siendo un mero ente de control y sanción de la judicatura. De hecho, ya debe ser así porque la justicia es mucho más que la judicatura, la justicia es el pueblo, pero este lo ha dejado en manos de unos pocos y pocas y así nos va. Por ejemplo la gente desconoce que el sueldo de los jueces lo abona el Ministerio de Justicia y que el Consejo General del Poder Judicial tiene un presupuesto de risa, para pagar a los vocales, la formación, la escuela judicial y poca cosa más.

Recuerdo que, estando trabajando en la Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, se necesitaba un refuerzo y se tenía que hacer un informe de la Presidencia de la Sección, de la Presidencia de la Audiencia, de la Presidencia del TSJ, pasarlo al CGPJ, que éste lo aprobara y pese a todos esos aprobados que tardaban tres meses, finalmente el Ministerio lo denegó por falta de presupuesto. Eso era, y supongo que es habitual, lo duro era ver cómo se criticaba la lentitud de la justicia por algunos y que nadie hacia nada parfa evitarlo. Debe saber que en esa época la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona era la segunda instancia del caso Palau.

Es usted muy crítico y algo sarcástico, ¿cree que la Justicia debe estar en manos exclusivas de los magistrados y magistradas y del CGPJ?

 

Yo no he dicho eso, nada más lejos de lo que creo respecto de la justicia o función judicial en un Estado de Derecho, la justicia o el departamento que tenga la responsabilidad sobre la justicia no puede depender del Poder Ejecutivo, ni su presupuesto del legislativo y los vaivenes del ministro de turno, o es que ¿no recuerdan a Gallardón? Digo que la Justicia depende del pueblo, con el principio democrático al frente y en que se hallen representados todos, absolutamente todos los operadores jurídicos, empezando por el funcionariado, forenses, letradas de la administración de justicia, abogadas, procuradoras, fiscalía, juezas y magistradas y como no también miembros elegidos democráticamente por el pueblo, indicando qué programa de justicia van aplicar, o querrán aplicar, pero sobre todo que la justicia se halle debidamente financiada con límites mínimos en el Presupuesto General del Estado o del PIB, sin ello es inútil todo esfuerzo de democratizar la Justicia.

Muy complicado, muy teórico, más fácil, como Galladón, corto y recorto y dejo la justicia como un chaleco, así lo vieron ustedes los jueces sustitutos ¿eran ustedes una bomba?


Pues si éramos y somos una bomba. Gallardón, Lesmes y los suyos lo sabían y lo saben, como dice un amigo mio. En realidad nos liquidaron con un libro de ruta perfectamente estudiado, lo previeron todo, cambiaron la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2 meses, cambiaron el reglamento de retribuciones de los jueces en 3 meses para ofrecer más dinero a los jueces indefinidos. De esta forma si hacían o hacen una sustitución se les dobla el sueldo y todo ello ante el terror de las reclamaciones de abuso de interinidad y de discriminación que se les venían encima. El colectivo de la ” judicatura profesional no fija” ha sido absolutamente maltatado, y no hablo de pasado, hablo de presente. Es el colectivo de trabajadores peor tratado de toda España, sin representantes, sin sindicatos, con asociaciones que no pueden asistir al CGPJ, sin derecho a formación, sin derecho a ser evaluados en cuanto a riesgos laborales, cobrando con 2 meses atrasados, fiscalizados mes a mes por el ministerio y el consejo en cuanto a producción y objetivos y pudiendo ser despedidos de forma sumaria en 24 horas y sin indemnización.

Recuerdo la campaña que hicimos para poder votar a los representantes en las salas de gobierno de los TSJ, algo tan simple algo tan claro como tener representantes en el órgano que nos elige y que nos destina, que nos sanciona, que dirige nuestras vidas, y las presiones que recibimos para dejar las acciones que teníamos preparadas. ¡Así me fue! Me baremaron el antepenúltimo de la lista la última vez que me presenté a las listas de jueces sustitutos. (éie)

¿Qué es la judicatura profesional no fija?

Estoy algo cansado de exponer la situación del colectivo y nadie te cree, por lo que sólo digo lo más objetivo. Para mí es bullying institucional que, además ha calado en los otros operadores jurídicos, repitiendo hasta la saciedad la falacia de que los jueces indefinidos o de carrera son los profesionales y los sustitutos los “amaterurs”, los “externos”. Eso es incierto y falso, los jueces sustitutos son los profesionales, pese a que su contrato no es fijo, mientras que los jueces de carrera son la mayoría los burocráticos fijos, burocráticos, no porque lo diga yo, sino porque esta es la calificación que se les da desde Europa. El sistema de acceso a la carrera judicial en España es burocrática, es decir sin haber ejercido labores jurídicas previas y sin experiencia laboral previa alguna: de la facultad a un preparador o preparadora, unos cuatro años, luego a la escuela judicial otros dos años y a trabajar, por primera vez. Eso es un juez burocrático, de ahí que insistan hasta la saciedad, incluso en la LOPJ, de jueces profesionales, versus jueces externos o no profesionales, creo que hay un cierto complejo por parte de algunos y de ahí que sean tan cansinos.

Estábamos en su liquidación, si se me permite la expresión, ¿acudieron a los Tribunales, a Europa?

Uff, el camino ha sido duro. Ya le he comentado que el poder ya sabía cuáles serían nuestros pasos, quizás les sorprendimos con acudir a la Comisión Europea con celeridad y organizar hasta 5 preguntas parlamentarias a la Comisión, pero ellos también reaccionaron y acudieron mediante lobbies de presión, con antiguos magistrados, a presionar a los europarlamentarios. Por ahí les hicimos tambalear, pero al final sus apoyos y presiones de todo tipo fueron mucho mayores que las que podíamos hacer nosotros con un teléfono y enviando mails. Te sorprendería hasta qué punto llegaron a pactar y con quiénes, pero de eso sólo soy un testigo de referencia. De ello tienen que hablar los que saben y conocen de primera mano las presiones que vivieron y por parte de quienes.

Lo cierto es que la llamada vía europea, pese a todo, está abierta para el colectivo con el UE-PILOT 8422/16, expediente en el que se está investigando a España por el trato a todos los interinos, suplentes y sustitutos de justicia y en el que hay informes contundentes en cuanto al maltrato, abuso y discriminación sufrida por el colectivo de jueces y juezas sustitutos.

Pero sigo, que hay mucho más, además de ello, ya en 2014 acudimos al Tribunal Supremo, accionando respecto a la aplicación de la directiva 1999/70 CE, y a sus cláusulas 4ª y 5ª de no discriminación  y abuso de interinidad, demandando al CGPJ y al Ministerio de Justicia como empleadores, en única instancia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Nosotros no podíamos demandar en vía social o laboral. Nos desestimaron la demanda con condena en costas de 4000 € por cada demandante y nos desestimaron hasta 60 demandas, alguna de ellas como la que interpusimos desde la Asociación Catalana de la Judicatura Eventual, AJUDICAT, que era del tipo colectiva. El resto de la via jurisdiccional ordinaria ya la puedes suponer, el Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo y el TEDH no admitió la demanda por cuanto consideró que no había derechos humanos vulnerados

¿No tienen ustedes ninguna acción que interponer?

Eso no lo diré a nadie, ya le he dicho que no sólo es una lucha de judicaturas, la burocrática fija y la profesional no fija de pura estrategia. Ellos saben lo que vamos hacer y nosotros y nosotras debemos sorprender. Si somos muy lineales no hay nada que hacer, no podemos embestir como toros en una plaza, por razón que tengamos, de ahí que mantengamos silencio y estemos a la espera, el único juez es el tiempo, lamentablemente.

Pero, en parte, también es una lucha por un tipo de justicia, para cambiarla, no sólo es lo que ahora llaman fijeza de los interinos, sino que la Justicia debe cambiar absolutamente y debe empezar por el propio sistema de elección de la judicatura. No puede ser el sistema actual, ya se ha escrito mucho sobre ello, sobre la falta de experiencia de los jueces, del sistema de preparación con un preparador de altas instancias judiciales o fiscales que además cobra en negro. Eso lo sabe hasta «el Tato». Se tienen datos objetivos ciertos y reales de quienes son, de qué cobran, pero nadie hace nada. Créanme, si el sistema cambia de un sistema burocrático a uno profesional, la Justicia puede hace un cambio de 90 grados. El resto lo deben hacer a través de qué órgano, organismo o ente que deba dirigir la Justicia, que sea independiente en cuanto a sus decisión y en cuanto a su presupuesto.

Pero, ¿tienen alguna vía más a la que acudir?

Ya no estoy para contar, ya veremos cómo va todo. Lo cierto es que ya no espero nada de la Justicia de España, sí de la europea. Espero, deseo y creo que “siempre habrá juezas en Berlín”, ya saben la frase del molinero Alemán contra el Kaiser. Repito que esto no es Alemania y que la Justicia nos vendrá, lamentablemente desde fuera.

Por mi parte, ya he pagado cara o muy cara estar al frente de muchas trincheras. Me mantengo algo agazapado igual que todo el colectivo. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que nos hayamos rendido, sólo estamos recuperando aliento ante lo que vendrá.

Por último, sólo quiero agradecer a todos aquellos que siempre nos dieron soporte, desde la familia, compañeros y compañeras de Justicia, representantes políticos y especialmente periodistas valientes que nos dieron voz ante la sociedad, esperamos y deseamos obtener por fin justicia.

Enlace a la página:https://diario16.com/la-vulneracion-de-los-derechos-laborales-a-interinos-suplentes-y-sustitutos-en-espana-es-palmaria/

L@s que están, SE QUEDAN!!!