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Fuente: eldiario.es
Redacción: Armando Plaza 18/02/2020
El 'problema de Estado' generado por las Administraciones al incumplir sus propias leyes es mucho más profundo de lo que se pudiera atisbar ya que la estabilidad del empleo del empleado público se tiene no como privilegio
El 15 de febrero marcó un antes y un después tras la masiva manifestación celebrada en Madrid por los miles de interinos y temporales en fraude de ley. Defendieron su derecho a la transposición a las leyes españolas (de obligado cumplimiento) de la directiva europea que sanciona estas practicas y piden trasformar su condición temporal a fija.
Poco tiempo de reacción le queda al Gobierno progresista para reaccionar ante esta enquistada situación ya que la sentencia del Tribunal Europeo se espera para este 19 de marzo.
El 'problema de Estado' generado por las Administraciones al incumplir sus propias leyes es mucho más profundo de lo que se pudiera atisbar ya que la estabilidad del empleo del empleado público se tiene no como privilegio, sino como defensa de su independencia del poder político y garantía de imparcialidad frente al ciudadano. La falta de esta estabilidad favorece la corrupción, y no es difícil relacionar el hecho de que no sea casualidad que en la Europa del Sur se dé el mayor índice de corrupción al tiempo que falta una mayor estabilidad en el empleo público.
La indemnización a los 800.000 trabajadores en fraude como sanción sería inasumible para un Estado Español que alcanza su déficit público casi a la altura de su PIB. Es decir, debemos casi el país y la solución pasaría por trasponer la directiva europea 1999/70 a nuestra legislación y trasformar toda relación laboral en fraude por abuso de la temporalidad en fija. Esto supondría una sanción lo suficientemente ejemplar para que esta situación no se volviera a repetir. De esta manera, no repercutiría la mala gestión político-sindical a un ciudadano que esta harto de pagar errores y, desde luego, no hacérselo pagar al trabajador que no es el que ha generado el fraude.
En esto cabe la esperanza de la mayor sensibilidad que plantea Podemos tanto en Castilla-La Mancha para Sanidad y Educación como para los trabajadores del servicio madrileño de salud un concurso de méritos como método de provisión de las plazas en fraude. Esto lo permite nuestro actual marco legislativo, pero desde luego no supone una sanción, como viene a reflejar el informe de la abogada de la UE, ni traspone la directiva europea 1999/70.
Ya sabemos que reconocer errores no es el fuerte de los gobiernos ni de los sindicatos que cobran subvenciones de estos, pero quiero suponer el valor "como en la mili" a este Gobierno que se autodenomina progresista que lo sea de un modo algo más que nominativo y que gobierne de forma que no haga pagar ni al trabajador ni al ciudadano los errores que no han cometido, condición que se necesita para que España deje de pertenecer a la Europa del Sur.
Enlace a la página:
https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/problema-interinos-temporales-fraude-ley_6_997110282.html
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LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR YA VA POR LAS 200.000 FIRMAS
Y EL JUICIO CONTRA EL ACUERDAZO
¿No has firmado aún?, acércate a STAZ a poner tu firma
Nos informa el letrado D. Manuel Nicolás Martos García de Veas a través de su vídeo
https://www.facebook.com/manu.martosgarcia/videos/10214824453108937/
L@s que están, SE QUEDAN!!!
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Análisis en vídeo, de la situación del abuso de la interinidad en las administraciones, y del caso que desde Europa disponemos el análisis de la futura sentencia del TJUE
Si, tenemos razón, y se nos reconoce legalmente
Rueda de prensa con el letrado Javier Araúz de Robles, MUY CLARIFICANTE
Enlace a la página: https://www.youtube.com/watch?v=EwVxo-MAllc
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Fuente: Pamplona Actual
23 octubre 2019
El sindicato AFAPNA ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en relación al reciente informe que la Abogada General de Europa ha emitido en relación al modelo de contratación que las distintas administraciones públicas españolas vienen realizando.
“Nos encontramos en un momento delicado para aprobar una OPE en Navarra que puede suponer una inseguridad jurídica evidente, y que el personal que se presente a las pruebas desconozca la garantía legal de las mismas”, han dicho.
Señalan desde AFAPNA que “en este informe, ya se marca lo que en el futuro será el escenario jurídico en el que nos moveremos y las consecuencias de ello” y añaden que “el fraude de ley, utilizado por las administraciones, dejará de estar vigente y, tanto España como Navarra, entrará en Europa en lo que concierne a la contratación de los empleados públicos”.
El informe advierten “refleja que las vacantes de larga duración, aunque no lleven nombramientos ligados, deben ser consideradas como encadenados, es decir, aunque en esa plaza hayan estado personas distintas con contratos, esa era una vacante que debería haberse ofertado en OPE” y consideran que “no puede utilizarse el término necesidades del servicio para contratar y suspender un contrato y cambiar, así, de nombramiento”.
En opinión de AFAPNA el informe señala que “el modelo actual de oposiciones no sirve para acabar con las altas tasas de temporalidad y con el modelo de contrato que, actualmente, utiliza la Administración. Por ello, da pie a impugnar las distintas oposiciones que se convoquen si se mantiene este mismo formato”.
Además, el informe deja la puerta abierta a recursos hasta después de haber acabado los contratos en fraude de ley, incluso habiendo pasado ya mucho tiempo y abre la vía penal en contra de cargos públicos que firmen convocatorias o contratos de este tipo en fraude de ley.
Como deja claro que el modelo actual de oposiciones no sirve para cumplir el objetivo de la estabilización, la Abogada General abre en su informe la puerta a las oposiciones restringidas en España. Lo cual, a pesar de que el Tribunal Constitucional lo rechazó en su momento, habría que ver si la sentencia del Tribunal Europeo estaría por encima en rango.
Además de los puntos aquí expuestos, recuerdan que “recientes sentencias ganadas por AFAPNA, dejan claro que una persona adquiere la condición de laboral indefinido no fijo aún después de haberse cubierto dicha plaza vía oposición por otra persona funcionaria. Esa persona que estaba ocupando la plaza tiene derecho al cobro de una indemnización por despido, lo cual puede suponer desembolsos importantes para el Gobierno de Navarra”.
En este sentido, AFAPNA aboga por una reducción de la temporalidad en el porcentaje que en estos momentos supera con creces el 30%; una garantía jurídica absoluta en el modelo de acceso a la función pública que evite la inseguridad entre las personas que acceden al mismo; una igualdad en el sistema de acceso para todos los ámbitos de la Administración: Administración General, Salud y Educación; y un compromiso por escrito de que ningún gobierno permitirá que de nuevo vuelva a generarse estas tasas de precariedad laboral y que sacará cada dos años Ofertas Públicas de Empleo, estableciendo conjuntamente con los sindicatos la tasa de personas que destinarán a sustituciones.
Enlace a la página:https://pamplonaactual.com/el-sindicato-afapna-advierte-que-el-informe-de-la-abogada-de-europa-da-pie-a-impugnar-las-oposiciones-que-se-convoquen/
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martes, 22 de octubre de 2019
Nota de prensa ante el informe de la Abogada Gral de la Unión Europea en el juicio en el Tribunal Europeo sobre abuso de temporalidad en la función pública, con asunto principal el caso de uno de nuestros informáticos:
1. Serio correctivo a la jurisprudencia del Supremo al reconocer la Abogacía que se da una clara situación de abuso según la norma europea en el caso de los funcionarios interinos de muchos años.
2. Jaque a las masivas Ofertas Públicas de Empleo decididas por el Gobierno con esos puestos: una OPE de libre concurrencia no puede ser solución al abuso si no vienen acompañadas de fuertes indemnizaciones por año trabajado ahora inexistentes e inasumibles sin grave perjuicio a los servicios públicos si hay oleadas de demandas masivas por parte del más del medio millón de afectados.
3. Gran decepción al no estimar la AG que la conversión a fijo como sanción sea posible más que por la vía procesos de concurso de méritos restringidos, en vez de por sentencia de cada caso.
4. Presumible "terremoto" en la función pública española si el Tribunal Europeo sigue en su sentencia las recomendaciones de la Abogacía General
La justicia europea se pronunciará en próximas semanas o meses sobre el fraude del abuso de duración de temporalidad del Servicio Madrileño de Salud y por extensión de todas las Administraciones Públicas , por el caso de un informático interino casi 20 años y actual presidente de esta asociación de profesionales de informáticos propios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y por el caso de cinco odontólogas , todos del SERMAS, por el juicio en el Tribunal Europeo bajo la denominación de asunto “Sánchez Ruiz/Fernández Álvarez y otros”. Este 17 de Octubre, conocíamos el primer resultado: el informe de conclusiones de la Abogacía General de la Unión Europea, y, que de seguir el Tribunal Europeo en su sentencia algunas de sus líneas, y respetar la justicia española el dictado europeo, estaríamos ante un “terremoto” en la función pública española.
La ley española sí contempla un límite de tres años para la duración de la temporalidad de un puesto en la administración pública, similar al de la empresa privada pero sólo contempla sanciones para las empresas privadas que lo incumplen, dictaminando la ley en el caso de trabajadores de las empresas privadas directamente la fijeza para el trabajador temporal en ese fraude de ley por exceso de duración de temporalidad.
Por si fuera poco, la jurisprudencia española, establecida por el Tribunal Supremo, no contempla nada para los excesos de duración de temporalidad con el propio personal temporal de la Administración pública de tipo funcionario interino de "vacante" -es decir, en un puesto ya reconocido como permanente pero pendiente de oposición, que la administración no convoca o resuelve en esos 3 años. Tampoco contempla indemnizaciones cuando se "cesa" a este personal tras muchos años si su puesto se cubre de forma ya fija por cualquier proceso (Oferta PÚblica de Empleo, traslados, reingreso,... ) o incluso si es suprimido directamente por una privatización. Es decir, se da el despido libre y gratuito que se prohíbe en la empresa.
Pero en el asunto “Sánchez Ruiz/Fernández Álvarez y otros”, lo que se debate es si hay abuso de temporalidad según la respectiva norma europea (la cláusula 5ª de la misma Directiva euroepa) en el caso de funcionarios interinos de muchos años y en ese caso cuál debe ser la sanción mientras que exige la Directiva europea exista.
- hay claro abuso en los nombramientos temporales de varios años, más de 3, de funcionarios interinos, sin importar su denominación, ni que hayan cambiado de tipo ni aunque sea como el caso de nuestro, informático un único nombramiento de interino de vacante, estimando que la jurisprudencia actual española de no considerarlo abuso viola por tanto la norma europea
, - también viola la norma europea la prohibición española de poder elegir como sanción la conversión al temporal "abusado" en fijo, si bien, lamentablemente, la Abogada General opina que tal"fijeza" no debe permitirse por sentencia sino sólo por concurso "ordenado" de méritos restringido al personal "abusado". Esto supone una gran decepción para nuestra asociación al ser nuestras demandas de fijeza por sentencia , pero ante el hecho de que en España un juez no puede sentenciar procesos selectivos , veremos si por coherencia el Tribunal mantiene este aspecto ,
- no es válido como solución al abuso, convocar en OPEs libres los puestos del personal "abusados", en contra de lo defendido por el Gobierno y como decidió hacerlo como "solución" para los puestos temporales de más de 3 años de las AAPP en las denominadas "OPEs" de estabilización, si no vienen acompañadas de medidas de sanción que la Abogada General no encuentra en la jurisprudencia española, proponiendo fuertes indemnizaciones como la del despido improcedente de los trabajadores de la empresa privada además de por daños y perjuicios
, - por último, la Abogacía General europea entiende que una razón esgrimida por los tribunales españoles para desestimar demandas de abuso de temporalidad del personal funcionario interino,no haber presentado recursos judiciales a todos y cada uno delos nombramientos, ceses y renovaciones tácitas anuales previos en el pasado, es ilegal ante los principios europeos de defensa jurídica de los trabajadores
Veremos qué decide en su sentencia el Tribunal Europeo, pero incluso si no decidiera, en contra de las sentencias para casos de otros paísse, levantar la prohibición de conceder la fijeza por sentencia judicial, y mantuviera los términos de la Abogada General de que hay que introducir indemnizaciones , declarando que no valen las OPEs libres, como las de estabilización, para "cerrar" ese abuso, pues nos encontraríamos ante todo un "terremoto": un aluvión de demandas de reclamación de indemnizaciones por el personal que sea cesador por dichas OPEs masivas con sus puestos, lo que supondría un coste inasumible para AAPP como el Servicio Madrileño de Salud con decenas de miles de afectados, y donde el coste en indemnizaciones podrían superar varios centenares de millones de euros, en detrimento del propio servicio público de atención sanitaria.En esa hipotética situación, muchos gobiernos podrían plantearse continuar con esas OPEs que tengan pendientes de publicar o desarrollar, -como es el caso de los propios informáticos o de los médicos de urgencia hospitalaria del SERMAS- con una temporalidad del 80% ante la ausencia de oposiciones y con demandas judiciales a la espera de este juicio europeo-, para modificarlas a un concurso de méritos de antigüedad, tal y como se hizo en el caso de la Educación italiana, e incluso cesar al personal "abusado" porlas OPEs ya con convcocatoaias en desarrollo, reservando los puestos de ese personal a futuros procesos de concurso de méritos aprovechando el enorme número de jubilaciones de personal fijo.
Sorprendentemente, pese a este informe, los sindicatos nacionales que firmaron el acuerdo , se han lanzado a solicitar al Gobierno nacional - que permanece callado- la aceleración de dichos procesos , omitiendo en sus comunicados que la Abogacía General ha afirmado que no valen como solución al fraude del abuso una OPE libre precisamente
Enlace a la página: https://apiscam.blogspot.com/2019/10/nota-de-prensa-ante-el-informe-de-la.html?m=1
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Araúz & Belda informa:
Que la Abogada General de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones en los asuntos de los funcionarios interinos / temporales españoles, concluyendo:
La Abogada General afea las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales españolas, que con el pretexto de que la Ley permite el nombramiento de funcionarios interinos, los destinan a atender necesidades que no son provisionales, ni excepcionales, sino que son ordinarias, estables y permanentes, y añade:
Que los procesos de estabilización y de acceso libre no son una medida sancionadora que cumpla con la Directiva 1999/70/CE, y que estos procesos no liberan a las Administraciones públicas de sancionar los abusos producidos en la temporalidad;
Que la Directiva no impone la transformación de la relación temporal en una relación fija, si en el Estado miembro existen otros mecanismos sancionadores a imponer a las Administraciones empleadoras responsables del abuso para evitar la precariedad en el empleo. Si bien la Abogada General concluye que la transformación en fijos permitiría sancionar el abuso y eliminar definitivamente sus consecuencias.
Que para que se entienda que existe una sanción en España para luchar contra la precariedad en el empleo del Sector Público, no basta, como razona el Tribunal Supremo (TS) en su sentencia de 26 de septiembre de 2018, con que se estudie la necesidad de crear una nueva plaza, sino que esta medida debe ir acompañada:
(i) De una indemnización proporcionada y completa del perjuicio sufrido al abonar a los funcionarios interino, que debe incluir, no solo las indemnizaciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral, sino también una indemnización por pérdida de oportunidades y/o por pérdida de ingresos.
(ii)Y estas indemnizaciones, además, deben ir acompañadas de otras medidas sancionadoras y disuasorias, sin que pueda considerarse una medida sancionadora el mantenimiento del funcionario temporal en la relación de servicio ya que será cesado cuando se incorpore a la plaza un funcionario fijo o ésta se amortice.
Que esto, no obstante, la Abogada General critica estas sentencias del Tribunal Supremo argumentando que, el mantenimiento de la relación de servicio temporal exigida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo supone una perpetuación de la precariedad.
Que, el hecho de que el funcionario interino no haya impugnado sus nombramientos y ceses, no impide que deba aplicarse la Directiva 1999/70/CE y, por lo tanto, que tenga derecho a las sanciones que procedan
Os adjuntamos en el enlace siguiente las CONCLUSIONES ABOGADA GRAL UE
Fdo: Javier Araúz de Robles
17/10/19
Enlace a la página: http://arauzybelda.org/noticias/conclusiones-de-la-abogada-general-de-la-ue/
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