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Fuente: El Faradio 10/09/2019
La sentencia le reconoce la naturaleza indefinida, aunque no fija, de su contratación tras cinco años como interina.
Una trabajadora del Gobierno de Cantabria tendrá una indemnización de 20 días por año tras haber cubierto durante cinco años un puesto de trabajo dependiente de la administración general del Gobierno de Cantabria, con un contrato de interinidad por vacante.
Se le reconoce la naturaleza indefinida no fija de la contratación en el momento de la extinción, que en este caso genera el derecho a la indemnización.
Así lo había establecido ya el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en contra del criterio del Gobierno de Cantabria, que acudió al Tribunal Supremo con un recurso de casación para unificación de doctrina.
El recurso ha sido desestimado, tal y como ha informado el sindicato Trabajadores Unidos, que representó a la afectada y que ha hecho causa de la «vergonzosa situación de abuso de temporalidad que se mantiene en todas las Administraciones» con el personal.
«Si a una empresa privada se la sanciona por incumplir las normas e incurrir en fraude de ley en la contratación , a las administraciones que han de dar ejemplo es lógico que se les sancione en los mismos términos», asevera el sindicato, primero en el seno de la administración autonómica.
Trabajadores Unidos critica que «no puede ser que se llevemos décadas incumpliendo las normas y precarizando el empleo público desde todas las administraciones y bajo todos los signos políticos, y nos encontremos con que a las administraciones se les consienta todo, aduciendo que no existen posibilidad en la normativa vigente para sancionarles».
Así, confían en que las cuestiones prejudiciales pendientes y la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea que han de producirse en fechas próximas culminen con una «sanción ejemplar» a las aministraciones que conlleve la declaración de la relación indefinida de los demandantes.
«Esperamos además que esta sanción pueda ser extrapolable a todos los afectados por este abuso desmedido y fraude de ley que se está perpetrando desde hace décadas, con total impunidad hasta la fecha y con la colaboración necesaria por omisión, de los responsables de las administraciones, gobiernos y sindicatos», añaden
Enlace a la página:https://www.elfaradio.com/2019/09/10/el-supremo-reconoce-la-indemnizacion-a-una-interina-del-gobierno/
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Un 93% de los más de 300.000 empleos públicos creados tras la crisis son eventuales, pese a las dos últimas macroofertas del Estado
Fuente: HOY
Redacción: Lucia Palacios, Madrid, Lunes 22/07/2019
Pese a las advertencias desde diferentes organismos internacionales, como la Comisión Europea o la OCDE, y pese a las medidas implantadas por el Gobierno para luchar contra la precariedad laboral, la temporalidad sigue creciendo. Pero, paradójicamente, solo en la Administración Pública. Ya no se cumple esa máxima de que trabajar para el Estado es un seguro de vida, sino que son muchos, demasiados, más que nunca, los que no saben si mañana seguirán teniendo puesto. Concretamente, casi 863.000 -según los datos del primer trimestre del año de la última EPA-, que esperan con cierta esperanza una sentencia desde el Tribunal Europeo que podría llegar en septiembre u octubre y que, de ser favorable, los puede convertir automáticamente en funcionarios de carrera.
Se trata de una cifra histórica, que nunca se había alcanzado, y lleva a su vez la tasa de temporalidad también a máximos: un 26,8% de los más de 3,2 millones de empleados públicos son eventuales, un nivel que solo se superó en 2006, cuando se llegó a sobrepasar el 27%, y que supera ya a la que hay en la empresa privada (25,6%), algo que solo había ocurrido otra vez en 2009. Porque curiosamente el nivel de eventualidad del sector público y del privado evoluciona últimamente de forma inversa. En el primero tocó mínimos en 2013, cuando cayó hasta el 19% tras los fuertes recortes que dejaron apenas 2,9 millones de trabajadores públicos, y desde entonces, y ya con la recuperación, se ha impulsado con fuerza, de forma ininterrumpida: ha crecido nueve puntos hasta el 26,8%, lo que supone 1,2 puntos porcentuales más que la que hay en las empresas, que, por el contrario, desde el tercer trimestre de 2017 ha disminuido en más de 2,5 puntos.
A la vista de estos datos, de poco ha servido que los sindicatos acordaran, (vendieran) ,con el anterior ministro del ramo, Cristóbal Montoro, sacar a concurso 250.000 plazas en todo el país entre 2017 y 2020, y en los dos últimos años se hayan aprobado sendas macroofertas históricas para paliar los recortes de la crisis. Pese a ello, desde que se tocó fondo en 2013, se han ganado más de 304.000 empleos públicos, pero de ellos, más de 284.000 son eventuales, lo que supone un 93%, por lo que difícilmente se puede lograr rebajar la tasa al 8%, tal y como se comprometió el Gobierno.
Sanidad y Correos, en cabeza
Además, la temporalidad se dispara en colectivos más vulnerables: se eleva al 31% entre las mujeres (mientras disminuye al 21,6% en los hombres) y supera el 77% entre los jóvenes menores de 30 años, lo que triplica la media del empleo público. De igual manera, varía mucho por sectores. La sanidad es donde existe un nivel de eventualidad más elevado, hasta el punto de que afecta al 37% de los trabajadores públicos. Así, de los más de 645.000 ocupados con que cuenta, casi 240.000 son interinos, según datos de la EPA recopilados por CC OO. Prácticamente el mismo nivel que en Correos, donde de los 51.000 empleados, 19.000 no tienen contrato fijo (un 37,2%). En educación, sin embargo, la temporalidad se sitúa por debajo de la media de la Administración, aunque aún así más de uno de cada cuatro profesores son interinos (un 26,1%): más de 216.000 de los 827.000 educadores del sector públicos. También uno de cada cuatro trabajadores de Justicia son eventuales, así como entre el personal de orden público y seguridad, protección civil y defensa. Peor nivel tiene lo que la EPA califica como 'Otros servicios y actividades' y donde se incluyen trabajos tan variopintos como bibliotecarios, jardineros, conductores, personal de limpieza, etc.; aquí la eventualidad escala hasta el 31%. Se queda en el 25% en las actividades relacionadas con la Administración Pública y Seguridad Social.
El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, pide al Gobierno que agilice de forma urgente las ofertas de empleo público y estabilice las plazas interinas, al tiempo que reclama un plan de recursos humano para afrontar la avalancha de jubilaciones que se van a producir, que elimine la tasa de reposición y refuerce las plantillas, ya que todavía se arrastra un déficit de 95.000 empleos.
Desde Asempleo, la patronal de las ETT, ponen de relieve que «pese a toda la presión que han tenido la Administración Pública con los interinos y con el debate tan en primera línea que hay de la gestión de la temporalidad, la tasa de asalariados temporales es muy elevada». Por ello, sostienen que precisa de «un ajuste responsable», pero también de «un esfuerzo por parte de la Administración para colaborar de una manera real y eficiente con el sector privado, y en este caso, con las empresas de Trabajo Temporal».
Navarra y País Vasco, a la cabeza en interinidad
La tasa de temporalidad varía mucho en función del sexo, la edad y el sector, pero también fluctúa enormemente entre regiones. Así, Navarra y País Vasco se sitúan a la cabeza y el nivel de precariedad de los contratos con la Administración se eleva hasta el 37% y el 35,4%, respectivamente. Completa el tercer lugar del podio Baleares, con un 33,4%. Por el contrario, La Rioja es la comunidad autónoma donde hay mayor estabilidad en su plantilla pública: ocho de cada diez empleados de la Administración son fijos. Le siguen Cataluña, con un nivel de eventualidad del 23,2%; y Madrid, con un 23,2%. Así, la brecha entre regiones llega a rozar el 17%.
Enlace a la página:https://www.hoy.es/economia/temporalidad-administracion-supera-empresas-20190722185005-ntrc.html
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Fuente: PUNTO MAGENTA 27 Junio 2019
Guión de explicación de los hechos
Los últimos meses el equipo jurídico que soporta la lucha de los denunciantes de corrupción hemos interpuesto varios procedimientos de denuncia (no archivadas, es decir en plena investigación) contra el Estado Español por encontrarnos que en varios procedimientos, sistemáticamente, al instar una cuestión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia de la UE, eran todas rechazadas.
Hablamos de las Salas 3a, 4a y 5a del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Catalunya, así como la Audiencia Provincial de Sevilla.
Algunos de estos procedimientos se han vehiculizado en tres denuncias a la Comisión, las clásicas, y una más a un Servicio de Compliance de la UE que se llama Direct-Europe.
Esta última denuncia a la que nos referimos corresponde a un procedimiento instado ante la Sala 3a del Tribunal Supremo (instancia única) por un juez sustituto, el Sr. Fruitós Richarte, quien pretendía, como otros jueces sustitutos, que se le reconociese su relación laboral.
La respuesta de la Unión Europea a la cuestión planteada por el Centro de Contacto Europe Direct con referencia 101000445226 llegó el pasado día 20. La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, (dependiente de una de las vicepresidencias de la Comisión) respecto al incumplimiento por parte del Estado español del artículo 267 TFUE afirmaba textualmente que:
“A la luz de la nueva información facilitada por el informante y del análisis de la jurisprudencia pertinente, parece que el órgano jurisdiccional nacional debería haber remitido la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para una remisión prejudicial.”
Pero, sobretodo, añadía:
“Hemos identificado más de sesenta casos entre febrero de 2015 y marzo de 2017 en los que el Tribunal Supremo español se negó a remitir el caso al Tribunal de Justicia. De acuerdo con la legislación española, no existe ningún recurso judicial contra la decisión del Tribunal Supremo y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 267 TFUE, el tribunal debería haber llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Una vez analizado el contenido de la sentencia, consideramos que las doctrinas ‘acte clair’ o ‘acte éclairé’ no eran aplicables al caso”.
Del anterior texto, que podía no haber sido escrito, o haber sido redactado de otra manera, después de consultarlo con más de una veintena de abogados y algunos magistrados, podemos concluir:
PRIMERO.- LA CALIFICACIÓN JURÍDICA
Que hay indicios claros, y confrontados por una administración pública independiente, como es la UNION EUROPEA, cuyo derecho, en su aplicación, tiene primacía y prevalencia sobre el nacional, que al menos los magistrados de la Sala III de lo contencioso y la Sala IV de lo laboral han cometido, presuntamente:
a) Un delito de prevaricación continuada por su insistente y continuada voluntad de, en perjuicio del justiciable, no aplicar el Derecho de la Unión, que es prevalente al Derecho nacional y tiene primacía sobre el mismo.
b) En los más de sesenta casos es muy dificil que las las personas que más deben saber de Derecho lo hayan impedido por ignorancia. No hablamos de acciones culposas, sino dolosas, a sabiendas.
c) Que, no encontrando rastros de oposición o votos particulares, se deduce que ha habido un acuerdo previo de las salas para que esto sea así, es decir que ha habido conspiración para vulnerar la ley.
d) Que además lo han hecho sabiendo el dolor que a los ciudadanos esto les produciría, es decir que también hay indicios fundamentados de «tratos degradantes» según reiterada jurisprudencia nacional, europea e internacional.
SEGUNDO: Ante esto qué hemos hecho:
a) Pedir que se aporte a cada una de las actuaciones abiertas copia de las investigaciones y expedientes referidos a esas más de sesenta vulneraciones de la legalidad en menos de dos años por parte del Tribunal Supremo Español.
b) Pedir que se notifique de las mismas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al disponer éste de amplia autonomía frente a las violaciones reiteradas del Derecho de la Unión por parte de un Estado.
c) Pedir que se notifique de las mismas a todos los afectados para que puedan ejercer sus acciones de Reclamación contra el Estado Español, de así desearlo. Estamos hablando de reclamaciones millonarias.
d) Se remita copia de las actuaciones y de todas las referidas en la contestación de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión a la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) por si en cada una de las sentencias detectadas hubiera defraudación en los intereses de la Unión.
e) Se tenga presente que, si bien el dictamen que se ha aportado como Documento n.º 2 se realizó con anterioridad a la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-619/18 de la Comisión Europea vs. Polonia de 24 de junio de 2019, el contexto y el resultado resultan ser los mismos. Se desprende de dicha sentencia que la independencia judicial es un asunto de derecho comunitario y por lo tanto sustraído de la legislación nacional, puesto que el TJUE afirma que “si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, al ejercer esta competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión”. La soberanía está cedida, la competencia de España es “solo” la de organización, para que puedan cumplir sin trabas las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión.
En virtud de lo expuesto anteriormente, hemos aportado además los siguientes documentos:
(adjuntamos al final enlace a la página para consultar los documentos referidos)
TERCERO: Y que más estamos haciendo:
A) Poner a libre disposición de todos los afectados y de sus abogados la documentación que tenemos y que les puede ser útil, entre los que se encuentra la versión 3 de la denuncia a la UE
b) Concertar con los Eurodiputados de varios grupos parlamentarios del Europarlamento para que creen una comisión de investigación ad hoc. Recordemos que la soberanía de parte de la Administración de Justicia y su control no es ya española.
También en el Parlamento Español se contacta con diputados y senadores para que investiguen las causas de esta chapuza en fraude de los ciudadanos por quienes cobran un salario, y no escaso, para juzgarlos en justicia.
c) Comunicar a los diversos defensores del pueblo que tienen gente afectada en su comunidad autónoma, para que los organicen.
d) Notificar de los hechos al Sr. Fabián Salvioli (Argentina) Relator Especial de NACIONES UNIDAS sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición.
CUARTO: Gravedad añadida
Estamos hablando de más de una sesentena de casos que han llegado a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, es decir, de ciudadanos e instituciones que en “empleo, asuntos sociales e inclusión”, pusieron su demanda de prejudicialidad, se la denegaron y denunciaron a Europa.
Pero, ¿cuántos son los que la pusieron y no se quejaron a la UE? ¿Cuántos fueron los que ya ni tan siquiera la pusieron, porque pensaban que era un muro infranqueable? ¿Cuántos de otras materias o juzgados? Sala V, Audiencia Nacional, TSJs, Audiencias Provinciales…..
Hablaríamos de miles de afectados, muchos de ellos que lo han perdido todo por causa de la actuación presuntamente delictiva de unos magistrados. Hablamos de los derechos de los funcionarios de todos los niveles y especialidades, de guardiaciviles a maestros, de bomberos a sanitarios. Hablamos de derechos sociales, sindicatos y trabajadores; pero también de multas y de sanciones, de fianzas y de impuestos, de despidos e indemnizaciones.
Esperamos que la Fiscal General del Estado abra expediente para que se separe inmediatamente de sus cargos aquellos que presuntamente prevaricaron. Han de irse a su casa, por decencia.
Finalmente recordar que los sistemas de administración judicial de Polonia, Hungría y España, son por decirlo de alguna manera “alejados” del resto de los demás países europeos. Esto se ha acabado a partir de la sentencia de 24 de junio de 2019, y suponemos que para eso vino a España el viernes 21 de junio el Presidente del TJUE.
QUINTO: Y un post-scriptum
Esto no habría sido posible sin la gente que se plantó frente a la corrupción y que ahora impulsa el PROYECTO MAGENTA; que por dos veces, en el europarlamento, señaló a la alta judicatura como herramienta indispensable para que la corrupción perviviera.
Y recordando la frase de uno de los intervinientes, referido a los jueces y ajusticiados corruptos: Sólo dejan caer a los que ya no pueden aguantar, a los que no tienen salvación, y sólo cuando no pueden ocultarlo públicamente.
Enlace a la página: https://puntomagenta.net/2019/06/27/guion-de-explicacion-de-los-hechos/
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La Comisión Europea denuncia que el alto tribunal estaba obligado a consultar a la Corte de Luxemburgo en todos los casos
Fuente: CincoDías ELPAISECONOMÍA
Redacción: Juan Portillo 16/07/2019
El caso de los miles de interinos de la administración pública española que han optado por reclamar judicialmente una plaza fija tras años cubriendo puestos en situación de temporalidad está a punto de ser abordado por la justicia europea. El asunto, sin embargo, debía haber llegado ante la Corte comunitaria hace años pero no lo hizo porque el Tribunal Supremo incumplió sus obligaciones.
Así lo ha denunciado la Comisión Europea en un escrito de respuesta a uno de los litigantes en el que reconoce que el alto tribunal evitó trasladar las cuestiones prejudiciales requeridas por los interinos en más de 60 casos de forma injustificada, como avanzaba este martes El Confidencial.
“Hemos identificado más de sesenta casos entre febrero de 2015 y marzo de 2017 en los que el Tribunal Supremo español se negó a remitir el caso al Tribunal de Justicia”, recoge el escrito de Bruselas, al que ha tenido acceso este diario, que se emitió el pasado 20 de junio tras una consulta remitida a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.
“De acuerdo con el artículo 267 TFUE, el tribunal debería haber llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE”, prosigue el escrito, que considera que la justificación del tribunal de que la causa estaba ya clara “no era aplicable”.
Las consultas a la Corte de Luxemburgo no pueden elevarlas los demandantes o sus abogados, sino que dependen exclusivamente del criterio del juez. Sin embargo, aunque en primera instancia la decisión recae únicamente en este, en instancias superiores los magistrados están obligados salvo que el TJUE ya haya aclarado el asunto en cuestión, explica a este diario Josep Jover, el letrado que impulsó la consulta a la Comisión Europea.
Jover defiende a un juez de la Audiencia Provincial de Barcelona que tras varios lustros ocupando una plaza en situación de interinidad decidió acudir a la justicia para solicitar que se le reconozca un puesto fijo. En la batalla judicial que emprendió, el juez acabó solicitando al Supremo que presentara una cuestión prejudicial sobre esta materia ante la Corte Europea.
El Supremo, sin embargo, se negó, como ahora se revela que hizo en al menos otras seis decenas de casos similares. Jover avanza que, con la respuesta de la Comisión Europea en la mano, presentará ahora una demanda contra el Estado español alegando que uno de sus poderes, el judicial, incumplió sus obligaciones.
A partir de ahí, asume que si se derivan responsabilidades penales por prevaricación, acuerdo para incumplir la ley y daños a los afectados, los magistrados del Supremo que tomaron la decisión de bloquear las cuestiones prejudiciales deberán de sentarse en el banquillo.
Más allá, Jover ha solicitado a Bruselas que notifique a todos los afectados por la decisión del Supremo que sus cuestiones prejudiciales debieron elevarse a Luxemburgo para que puedan demandar al Estado y solicitar al menos una compensación.
Después de todo, el asunto de los interinos ha acabado por llegar al TJUE por otra vía, una doble causa sobre personal sanitario de la Comunidad de Madrid, y su resolución se espera para después del verano.
Sin embargo, aunque la Corte europea dictaminara en favor de los interinos, su fallo no beneficiaría a aquellos que ya habían litigado y obtuvieron un fallo en firme en contra, lo que se podría haber evitado si el Supremo hubiese elevado su consulta hace años, expone Jover, que considera que puede haber 50.000 casos de este tipo.
Actualmente hay más de 5.500 demandas de interinos pendientes de resolución y esperanzados en que la regulación europea les ampare. Un fallo en su favor podría terminar beneficiando a más de 800.000 miembros del colectivo.
Enlace a la página: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/16/economia/1563273974_466229.html
OTROS ENLACES A NOTICIAS RELACIONADAS CON ESTA:
https://diario16.com/denuncian-al-estado-por-prevaricacion-continuada-del-tribunal-supremo/
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Adjuntamos enlace a la entrevista realizada ayer a D. Javier Aráuz, abogado de empleados interinos de las Administraciones Públicas, y en la que aclara las dudas que pueden surgir ante la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
