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En estas infografías, podéis entender la situación actual de las y los interinos de España y que pretenden ocultarnos y confundirnos con mensajes contradictorios.

Es un fraude de ley, creado desde la administración que afecta a una población de un mínimo de 500.000 personas en esta situación.

Ahora reclamamos lo que de justicia es nuestro y nos lo hemos ganado en diversas ocasiones Las y los interinos, no somos responsables de ello, somos sus victimas.

El Consejo de Administración del Servicio Vasco de Salud ha aceptado la dimisión que ha presentado María Jesús Múgica

Fuente: EL DIARIO VASCO

Redacción: Iker Marín, 16/11/2018

La polémica de OPE de Osakidetza se cobró ayer su primera víctima política. María Jesús Múgica, directora general del Servicio Vasco de Salud, presentó su dimisión ante el Consejo de Administración de Osakidetza. La petición fue aceptada en una reunión extraordinaria.

A través de un comunicado de prensa, el Servicio Vasco de Salud confirmó esta dimisión y ha decidido nombrar como nuevo director general de Osakidetza a Juan Luis Diego Casals, licenciado en Derecho por la Facultad de Deusto en la especialidad de Economía, diplomado en Estudios europeos y con una amplia trayectoria en la Administración pública a lo largo de su carrera profesional. Hasta ahora ocupaba el cargo de Director de Coordinación de la Lehendakaritza y se encargaba de coordinar la actuación de los distintos departamentos del Ejecutivo vasco.

Por último, el Consejo de Administración de Osakidetza quiso agradecer la labor desempeñada estos dos últimos años por María Jesús Múgica al frente del Servicio Vasco de Salud y poner en valor el compromiso y la responsabilidad demostrada a lo largo del desempeño de sus funciones.

Su dimisión llega dos días después de que EH Bildu y el PP pidieran su cese. Precisamente, tras conocer la noticia de la dimisión de Múgica, Rebeka Ubera djio que la situación en el Servicio Vasco de Salud «se había vuelto insostenible, especialmente después del desastre de las OPE». La parlamentaria de la coalición abertzale criticó que el Ejecutivo vasco ha ido «a rebufo» de los acontecimientos y ha aclarado que no es cuestión de «maquillaje, de cambiar una cara por otra», sino de modificar las políticas del Departamento de Salud y el «modelo que impera» en Osakidetza. Desde el PP Laura Garrido se mostró «por el momento satisfecha» con la dimisión. A su juicio, esta medida supone la constatación del «fracaso» en la Dirección General de Osakidetza y de su «mala gestión» de la OPE, de las contrataciones y de diversos nombramientos. También desde la oposición, Elkarrekin Podemos fue un paso más allá y solicitó el cese del consejero Darpón. Por su parte el PNVexpresó su «respeto» a la decisión de Múgica al tiempo que defendieron la actuación «diligente y objetiva» del Gobierno Vasco ante las irregularidades en la OPE. Fuentes de los socialistas vascos aputnan que lo que preocupa al PSE-EE es «que este proceso acabe con plenas garantías, y que se mejore para próximas convocatorias».

Escándalo en la OPE más multitudinaria

La dimisión de Múgica llega arrastrada por la polémica de la OPE de Osakidetza más multitudinaria de la historia, un capítulo que aún está sin cerrar de manera definitiva. El Servicio Vasco de Salud sí finalizó su investigación interna, en la que decidió repertir cinco exámenes y paralizar la prueba de Traumatología, pero la Fiscalía y el Ararteko siguen buscando indicios y certezas para saber si hubo o no filtraciones y amaños en algunas de las pruebas referidas a las especialidades médicas. Estos exámenes se celebraron la pasada primavera y se pusieron en juego 3.335 plazas fijas de Osakidetza. Más de 96.000 personas participaron en esta OPE, 17.567 eran guipuzcoanos.

En un principio, la dirección del Servicio Vasco de Salud quería repetir los ejercicios a final de este año. Sin embargo, el lunes Osakidetza informó a las centrales sindicales que no va a ser posible por «falta de tiempo» para preparar la nueva convocatoria. Así que quedan aplazados para el año que viene. Este hecho también afectará a los exámenes de las 26 plazas de la OPE que aún no se han realizado. La mayoría de estos puestos, concretamente 22, corresponden a categorías médicas muy específicas, como puede ser internista especializado en enfermedades autoinmunes, cirujano digestivo dedicado a trasplantes hepáticos o pediatra especializado en neonatos. Todas estas oposiciones se realizarán con un nuevo modelo que pretende impedir las filtraciones.

¿AQUÍ, en este ayto, TAMBIÉN DEBERÍA DIMITIR ALGUIEN?

Enlace a la página:https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/directora-general-osakidetza-dimision-20181115170022-nt.html

L@s que están, SE QUEDAN!!!

Fuente: noticias.juridicas.com  15/11/2018

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en la sentencia número 1592/2018, de 7 de noviembre, fija que el artículo 70.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 364/1995, que establece el modo de adquisición del grado personal en la Administración del Estadoresulta de aplicación no sólo a los funcionarios de carrera sino también a los funcionarios interinos. Dicho artículo señala que todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción.

El TS adopta la decisión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la directiva comunitaria 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.

En el caso concreto examinado, la Sala desestima el recurso de casación presentado por la Diputación Provincial de Málaga contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dio la razón a un funcionario interino y señaló que tenía derecho a que se atendiese su solicitud de reconocimiento de consolidación de nivel de complemento de destino 26 tras haber desempeñado durante 12 años, como funcionario interino, un puesto cuyo complemento de destino era de ese nivel, en concreto el de Director en el Centro provincial de Drogodependencia. El trabajador hizo la solicitud tras incorporarse al puesto de trabajo de médico del mismo Centro, cuyo complemento de destino era de nivel 24.

La Sala confirma, en el asunto estudiado, que quien como funcionario interino ocupó durante doce años un puesto de trabajo de nivel 26, consolidó en ese tiempo el grado personal correspondiente, con el efecto de conservarlo aunque después pasase a desempeñar otro de nivel inferior.

En primer término, el tribunal destaca la irrelevancia de los argumentos del recurso de la Diputación referidos a la adscripción provisional, al principio de igualdad o a una sentencia del Supremo de 2003 que fijó doctrina cuando existía adscripción provisional. Y ello “porque el puesto de trabajo que el actor desempeñó durante aquellos doce años o durante algunos de ellos no se proveyó por medio de adscripción provisional; ni nos encontramos, por tanto, ante un litigio en el que hubiera de computarse para el reconocimiento de la consolidación solicitada un tiempo de trabajo prestado en adscripción provisional”.

La sentencia recuerda que el Acuerdo marco anexo a la directiva comunitaria de 1999 establece que “por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

A ello añade que el grado personal y sus efectos jurídicos han de ser incluidos en el ámbito o en el concepto de “condiciones de trabajo” que utiliza la cláusula transcrita, pues así resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, así como que el trabajador era “comparable” al funcionario fijo que hubiera desempeñado el mismo trabajo que desempeñó aquél durante aquellos doce años.

Enlace a la página http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13447-el-supremo-senala-que-el-modo-de-adquisicion-del-grado-personal-de-funcionarios-de-carrera-es-aplicable-a-interinos/#.W-3Ax7DjWTs.whatsapp

L@s que están, SE QUEDAN!!!

 

IMPORTANTE. El Tribunal de Justicia Europeo dictaminará si convocar a OPEs convencionales los puestos de empleados públicos en abuso de temporalidad puede ser una solución del fraude de ley adecuada a la normativa europea, por una demanda de odontólogos del SERMAS, temporales durante más de 15 años sin convocatorias, en un juzgado de Madrid que también cuestiona ante el tribunal europeo la figura del indefinido no fijo - "se cambia temporalidad por temporalidad" - y se suma a la pregunta previa sobre si conceder fijeza que ya está en el Tribunal de Justicia Europeo, además de preguntar por una indemnización suficiente y realmente importante en caso contrario.

Fuente: Blog de APISCAM 15/11/2018

IMPORTANTE: el Tribunal de Justicia Europeo dictaminará si convocar a OPEs convencionales los puestos de empleados públicos en abuso de temporalidad puede ser una solución del fraude de ley adecuada a la normativa europea, por una demanda de odontólogos del SERMAS, temporales durante más de 15 años sin convocatorias, en un juzgado de Madrid que también cuestiona ante el tribunal europeo la figura del indefinido no fijo - "se cambia temporalidad por temporalidad" - y se suma a la pregunta previa sobre si conceder fijeza que ya está en el Tribunal de Justicia Europeo, además de preguntar por una indemnización suficiente y realmente importante en caso contrario
El pasado 15/10/2018 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea la importante "petición de decisión (o cuestión)prejudicial" al Tribunal de Justicia Europeo [TJUE] que había presentado el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid  el pasado 8 de Junio de 2018 como ya avanzamos aquí, por una demanda de fijeza de empleados públicos temporales "en fraude de ley" por abuso de temporalidad de su administración pública, en concreto, por una demanda de 5 odontólogas estatutarias del Servicio Madrileño de Salud [SERMAS] de la Comunidad de Madrid.
Ha quedabo bajo el Asunto C-429/18  

De esta manera pasa a estar ya oficialmente en el TJUE (bajo el Asunto C-429/18 "Fernández Álvarez y otros") una nueva consulta vinculante, como las que dieron lugar a las 3 famosas sentencias europeas de 2016,  que en caso de obtener respuesta favorable por parte del tribunal de justicia europeo que está por encima de todos los españoles y, que, por la jurisprudencia que establecería, y al igual que pasó con los complementos de sueldo de antigüead [o "trienios"]  podría  tener consecuencias de dimensiones monumentales, trascendentales y favorables para la estabilidad real de al menos los más de 100 mil empleados públicos con más de 3 años de temporalidad  con el mismo tipo de relación de empleo , la de régimen administrativo utilizada en los servicios de Salud [los "estatutarios de Sanidad"],  de todas las Comunidades Autónomas con más de 3 años de temporalidad , y por extensión, para el resto de centenares de miles de funcionarios temporales -con su relación de empleo igualmente bajo régimen administrativo, y por tanto, en la justicia, bajo el Orden de lo Contencioso-Administrativo- de todas las Administraciones públicas y de todos los  ámbitos  estatal, regional y local, si bien el camino para lograr algo "en firme" podría ser largo si la aplicación del juzgado que presentó la cuestión de una sentencia supuestamente europea favorable es luego recurrida por la Comunidad de Madrid hasta incluso el Supremo. Sin duda, también debería efectos sobre los empleados públicos bajo relación de empleo de tipo "laboral", y por tanto, en la justicia española bajo el Orden de lo Social (otros juzgados) , y hasta ahora mucho mejor posicionados en otro tipo de demandas: las de indemnizaciones, pero en idéntica posición en cuanto a algo firme conseguido para la cuestión de la fijeza.



Recordemos que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid  planteaba   al Tribunal Europeo [ver auto judicial] , dentro del procedimiento judicial P.A. 125/2017 de 5  Facultativos Especialistas de Odontología del Servicio Madrileño de Salud,  que presentaron la demanda con el despacho Araúz de Robles  a iniciativa del sindicato médico AMYTS, t, entre varias importantes cuestiones, su cuestionamiento de si , como ha planteado el Gobierno del Estado tras el acuerdo sindical nacional y también defiende la Comunidad de Madrid, que se convoquen a Ofertas de Empleo Público Temporal "convencionales" los puestos estatutarios de temporales de más de 2 o 3 años pueda considerarse la medida adecuada que la ley europea exige debe existir para "sancionar" a la administración y compensar al personal en situación de abuso de temporalidad , como es evidentemente la situación de estos odontólogos estatutarios temporales en el mismo puesto en su Centro de Salud entre 12 y 18 años, con nombramientos tanto interinos de vacante, de sustitución o eventuales (en un caso, ¡concatenando 227 nombramientos!) sin mediar proceso selectivo alguno hasta un concurso-oposición en 2015, donde además primaba la fase de oposición. 

El letrado, Javier de Araúz de Robles , el mismo que lleva la demanda de la cuestión prejudicial previa sobre fijeza ya en el TJUE, solicitaba también en este caso a la justicia madrileña que trasladara al Tribunal Europeo que se reconociera a los demandantes una condición equiparable a la del personal estatutario fijo en cuanto a las condiciones de cese  así como el resto de condiciones de trabajo (incluyendo carrera profesional, posibilidad de participar en concurso de traslados,etc) , excluyéndolos por tanto del cese por OPEs convencionales, es decir, una demanda de fijeza, como la compensación adecuada que exige una normativa básica europea que España sigue sin trasponer al empleado público, -la famosa Directiva 1999/70/CE-, ante situaciones como ésta de evidente abuso de contratación temporal por parte de la Administración para satisfacer necesidades que son de obvio  carácter permanente mediante contratos temporales sin convocar procesos selectivos en el número y plazos establecidos por la ley española.

La directiva europea viene a establecer que la temporalidad debe tener un límite en el tiempo ["establecida" por la jurisprudencia española en 3 años en el caso de los empleados públicos españoles] en las normativas nacionales, normativas nacionales que además deben incluir medidas de sanción al empleador que abusa y compensatorias para el empleado en situación de abuso de temporalidad, que sean además efectivas y suficientemente disuasorias. [En España se ha traspuesto en el Estatuto General de los Trabajadores, que no es de aplicación al personal funcionario ni al estatutario de Sanidad, y tampoco lo está siendo en cuando a conceder fijeza al personal empleado público de relación "laboral"
En cuanto al SERMAS en este caso, según el auto judicial, nuevamente habría argumentado que la jurisprudencia española no admite la conversión de un empleado público temporal en un fijo, negado que haya fraude de ley por ser "nombramientos" y no contratos, y que en el caso de considerarlo que lo hubiera  pues que a lo sumo podrían transformarse los nombramientos eventuales encadenados en nombramientos interinos de vacante en analogía a la condición -a juicio del letrado de la administración- equivalente a la de "indefinidos no fijo" que se concede en el ámbito laboral, condición interina que se mantendría únicamente hasta la cobertura de la plaza por procesos selectivos o su amortización, puntualizando que sobre pretensiones idénticas de fijeza ya ha sentado jurisprudencia nacional negativa el Tribunal Supremo  y la Audiencia Nacional, señalando la necesidad de superar un proceso selectivo para alcanzar la condición de empleado público fijo. En cuanto a la igualdad de condiciones de trabajo como la Carrera Profesional, el SERMAS considera que no debe concederse al temporal al ser diferente el acceso a su puesto que el del fijo. 
Precisamente, en el auto , el juzgado reconoce evidente el abuso de temporalidad cometido a los demandantes, y  que  "en el Sector Público,  "sometido al derecho administrativo"[es decir, recordemos el  funcionario y el estatutario de los servicios de Salud temporales, que es el de su competencia por de lo Contencioso-Administrativo] , "no se ha traspuesto la Directiva referida ", añadiendo que "no encuentra norma nacional capaz de alcanzar el objetivo que pretenden la Directiva",y  que aunque "la Administración cuenta con medios para dar estabilidad a los trabajadores que fueron objeto del abuso, posibilidad que le ofrece la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, acudiendo a la consolidación de empleo temporal, ya que nos hallamos ante un problema estructural que afecta a todo un colectivo, a todo un Sector Público, el de Sanidad, que está dotado presupuestariamente y mediante un proceso que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", queda a la "voluntad del infractor" , es decir, de la administración. 
Así la jueza redunda "siendo este medio [los sistemas de consolidación] potestad de la Administraciónsu voluntad de no ponerlo en práctica, no puede llevar al estado de las cosas en que nos encontramos, en que tras 17, 14, 12 años de abuso en la contratación temporal sucesiva, la reducción de esta temporalidad, se lleve a cabo mediante el cese de los trabajadores temporales, muchos de ellos próximos a la jubilación; o con objetiva perdida de oportunidad de un nuevo trabajo, por su edad, o por la propia tasa de desempleo existente en nuestro país. La elección de no acudir a la consolidación de empleo temporal, redunda en benéfico del empleador infractor y sin consecuencia negativa derivada de la violación por el Estado Español al Derecho Comunitario dejando al trabajador víctima del abuso sin protección alguna" 
 Es en estos casos que un juez reconoce o estima que la ley española relevante es contraria, incompatible o insuficiente con respecto a una normativa superior europea cuando puede utilizar la fórmula de consulta vinculante al Tribunal de Justicia Europeo conocida como "cuestión prejudicial". 

Así la jueza del caso indica que estamos ante personal empleado público en situación de abuso de temporalidad, que "en este caso concreto desempeñó el trabajo con demostrado mérito y capacidad durante 17, 14 y 12 años" se le requiere que acceda a la estabilidad mediante un proceso de oposición o de oposición-concurso, lo que la jueza considera que "no es eficaz ni proporcional" al objetivo de la Directiva Europea, entendiendo que conceder la mera posibilidad de participar en un proceso selectivo de estos tipos no es una medida suficiente ni disuasoria para prevenir y sancionar el abuso en la relación temporal , como ha demostrado la Administración con sus períodos tan largos entre procesos selectivos a su conveniencia y arbitrio , además sin convocar todos los puestos en los términos sí fijados por el propio EBEP y sin que haya ninguna consecuencia para el infractor (la Administración), que, es más, al no optar por procesos de consolidación del propio personal, obtiene incluso ventajas como las que cita la propia jueza en este importante auto: el "abaratamiento en la contratación" al evitar pagos de trienios y carreras profesionales, opinando la magistrada que  estos comportamientos deben ser sancionables desde el ámbito de la Directiva Europea. 
De esta manera , el juzgado cuestiona bajo la normativa Europea , mediante dos de su batería de preguntas al Tribunal europeo,  la tesis que sostiene la Comunidad de Madrid amparada en la jurisprudencia española : si dar cumplimiento mediante convocatorias convencionales a la normativa de las OPEs con 15 años de retraso es una medida  efectiva para los objetivos que exige de la directiva europea, y por tanto, si es adecuada como la "sanción al empleador" y la "compensación" al empleado" que exige a la legislación europea, superior a toda la legislación española. Nótese que en el auto se recuerda que el Tribunal Europeo ya dio repuesta negativa en un caso similar de Italia: el caso Mascolo.


En cuanto a la conversión en interinos realizada en el SERMASy apuntada por su letrado como la otra medida adecuada junto con la convocatorias de procesos selectivos convencionales, el juzgado señala que "supone una prueba clara de que nos encontramos ante un defecto estructural", "no supone cumplir con el objetivo de la Directiva Comunitaria" al "postergar y reproducir una situación de temporalidad y precariedad", llegando a afirmar que "se cambia temporalidad por temporalidad", frase que también reserva para calificar la figura "consagrada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo": el indefinido no fijo, dado que, a juicio de la jueza con esta figura del indefinido no fijo no se consigue tampoco la estabilidad que "es el objetivo esencial" de la ley europea, entiendo que ese tipo de contratación sigue en el ámbito denotado en la Directiva Europea como  "contratos de duración determinada" [es decir, temporales] pese a su contradictoria denominación [ en la Directiva Europea se utiliza la palabra "indefinido" para referirse al concepto que aquí se denota por "fijo"].

De esta manera la Jueza "considera que la conversión de una relación de duración determinada" en un indefinido no fijo, "no es una sanción eficaz conforme" a la normativa europea y traslada  una importante pregunta, al Tribunal de Justicia Europea en estos términos "¿Es conforme la interpretación que se realiza, por parte de esta Juzgadora, que la conversión del trabajador temporal objeto de abuso en “indefinido no fijo” no es sanción eficaz en cuanto el trabajador así calificado pude ser cesado, ya sea porque se cubra su puesto en proceso selectivo o sea amortizada la plaza, y por ello no es conforme con el Acuerdo Marco para prevenir la utilización abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada al no cumplirse el artículo 2, párrafo primero de la Directiva 1999/70 en cuanto no garantiza por el Estado Español los resultados fijados en la misma?", pregunta que, como el resto de las que traslada [ver página final del auto judicial] tendrá que dar respuesta el más alto tribunal en forma de sentencia 
En lugar de plantear la conversión a la figura indefinido no fijo como la medida adecuada, suma estos casos a la cuestión que ya había planteado previamente al TJUE, por el caso de un informático del SERMAS interino más de 17 años en el mismo puesto, sobre si es acorde a la Directiva europea la transformación de la relación estatutaria temporal (interina, eventual o sustituta) en una relación estatutaria estable, ya sea desde la denominación de empleado público fijo o indefinido, pero con la misma estabilidad en el empleo que la de los empleado estatutarios fijos, aunque sea una conversión "por encima de la normativa nacional que prohíbe en el sector público esta transformación" 
Por último, para el caso de que no se concediera la fijeza pregunta si una indemnización equivalente al despido improcedente del personal laboral sería una medida adecuada a la normativa europea. 

Podemos decir que con este auto, la jueza profundiza y completa la cuestión prejudicial previa para intentar buscar en el Tribunal Europeo una solución clara y desde diversos abordajes al fraude de ley en el empleado público bajo régimen administrativo, específicamente al estatutario de Sanidad, pero que por compartir el mismo régimen, debiera ser extensiva a todo el personal funcionario temporal de todas las administraciones públicas.



Precisamente, la Plataforma de Personal Temporal de la Comunidad de Madrid, a nivel regional y la Plataforma nacional de Interinos, Temporales y Laborales PI,  han denunciado públicamente que el acuerdo firmado entre el Gobierno y sindicatos nacionales de 29/03/2017 denominado "Plan para la mejora del empleo público" , publicado en la Ley de Presupuestos del Estado de 2017, y que permite la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo [OPE] ,extraordinarias en cuanto al número de plazas pero "convencionales" en sus bases con -precisamente- los puestos de los más de 250 mil puestos temporales de más de 3 años -y por tanto todos "en fraude de ley"- de  varios sectores de todas las AAPP de España, entre ellos más del 90% de los 100 mil que hay en los Servicios de Salud de todas las CCAA, puede suponer el mayor ERE en España y no tiene en cuenta los derechos adquiridos por la normativa Europea, mientras paradójicamente el Gobierno lo presentan como la solución para reducir la temporalidad fraudulenta en la Administración Pública en base a esa misma Directiva 1999/70/CE y así evitar una sanción de 100 millones de euros ya impuesta por la Unión Europa por no haber traspuesto la famosa Directiva a la normativa española de empleo público [Estatuto Básico del Empleado Público o EBEP]. 

Así estas Plataformas de empleados públicos temporales sostiene en su manifiesto, que, precisamente, en base a esa directiva europea, los temporales de más de 3 años han adquirido derechos y, exigen que sus puestos sean como compensación al menos convocados a consolidación por concurso de méritos de antigüedad , como permite ya el propio EBEP en sus artículos 61.6 y 61.7 en vez de por esas OPEs convencionales que justamente este juzgado cuestiona, y que las Plataformas exigen sean paralizadas, máxime tras la reciente resolución del Parlamento Europeo que pide explícitamente que se incluya en la normativa nacional la conversión a fijo como medida ante abuso de temporalidad, sin perjuicio de sanción e indemnización adicional , condenando todo despido y cese del personal en esta situación de fraude de ley. 
Por otro lado diversos colectivos de interinos longevos y la asociación nacional ANIL están planteando recursos contencioso-administrativos contra los decretos de OPEs de diversas CCAA  derivadas del acuerdo y ley nacional, y que ofertan sus puestos a convocatorias convencionles. Es fácil de imaginar el tremendo impacto que pudieran tener sobre estas OPEs que podría tener una sentencia desde el más alto tribunal contraria a consierar OPEs de los puestos en fraude de leycomo la "solución" suficiente a dicho fraude, porque aunque de una sentencia en ese sentido no siguiera necesariamente la ilegalidad en sí de las convocatorias, sí que establecería que sigue siendo necesaria una compensación al empleado cuyo puesto se ha convocado, bien estabilidad bien una indemnización suficientemente adecuada, planteándose en ambos casos una situación inasumible para la Administración (por duplicidad de puestos en el primer caso,  por coste para el erario público en el segundo) si se multiplicara por los centenares de miles de empleados públicos que se encuentra ahora en esta situación y sobre cuyos puesto precisamente el Gobierno del Estado en acuerdo con los sindicatos, ha planteado se convoquen a OPEs convencionales no de consolidación. 
Nótese que en el caso del SERMAS  hay un enorme índice del 39% de temporalidad , y que de sus 70 mil empleados, más de 23 mil tendrían estarían en puestos, reconocidos por el propio SERMAS, de más de 3 años de antigüedad, por tanto "en fraude de ley", que son los que precisamente Recursos Humanos del SERMAS, a instancias del gobierno nacional, y con el acuerdo mayoritario (pero no unánime) de la Mesa Sectorial de SERMAS, anuncia va a comenzar de forma inminente a convocar, derivadas de las OPE extraordinarias correspondientes,  mediante concursos-oposición convencionales , mientras que las cúpulas estatales de los sindicatos firmante del "Acuerdazo" del que derivan siguen defendiendo como "la único solución legal posible" para esta situación , de fraude de ley ante Eurpa, pues justo lo que ahora este tribunal cuestiona ante Europa puedar ser una solución para el personal temporal.

Enlace a la página:http://apiscam.blogspot.com/2018/11/importante-el-tribunal-de-justicia.html
L@s que están, SE QUEDAN!!!

El TSJC reconoce una indemnización de 20 días por año a los interinos con más de tres años en una vacante

La Sala de lo Social considera que con más de tres años el contrato temporal se convierte en indefinido no fijo.

Fuente: eldiariocantabria  14/11/2018


La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) reconoce que el personal laboral interino del Gobierno de Cantabria que haya ocupado una plaza vacante durante más de tres años tiene derecho a percibir al finalizar la relación laboral una indemnización de 20 días por año trabajado. Así consta en una sentencia dictada el pasado 31 de octubre que estima un recurso de suplicación presentado por la asesoría jurídica del sindicato CSI-F Cantabria en nombre de una trabajadora, en la categoría de técnico sociosanitario, cuya demanda fue desestimada en junio por el Juzgado de lo Social nº6 de Santander. Sin embargo, ahora el TSJC condena al Gobierno a indemnizar a la interina a razón de 20 días por año trabajado con el tope de 12 mensualidades.


El TSJC considera que tres años es el tope máximo para la contratación temporal y que la Administración debe proceder a resolver la cobertura definitiva de la plaza dentro de esos tres años, entendiendo que transcurrido ese plazo la Administración incurre en un uso "abusivo" de la contratación temporal. La consecuencia de este "fraude" es que la naturaleza de la relación laboral temporal "deviene en una relación indefinida no fija", cuya extinción por la cobertura reglamentaria de la vacante da derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado, con el tope de 12 mensualidades, según consta en la sentencia, difundida hoy miércoles por CSI-F y consultada por Europa Press. Contra esta sentencia se puede interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma sala del TSJC.

Enlace a la página:https://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/tsjc-reconoce-indemnizacion-20-dias-ano-interinos-mas-anos-vacante/20181114180633053153.html

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Fuente: diarioLÍRICO  5/11/2018


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado en relación al caso de una bailarina italiana ligada laboralmente a la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma por varios contratos de duración determinada, que los derechos nacionales deben aplicar a las fundaciones líricas y sinfónicas las normas generales del Derecho del Trabajo, si no existe otra norma efectiva que sancione los abusos cometidos en el sector. En ese sentido, establece que deben recalificarse automáticamente los contratos de duración determinada sucesivos en un contrato de duración indefinida si la relación laboral persiste más allá de una fecha precisa (sentencia del TJUE de 25 de octubre de 2018).


En el caso enjuiciado, la trabajadora estuvo empleada como bailarina de ballet en la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma desde 2007 a 2011 con varios contratos sucesivos de duración determinada. En 2012 solicitó al Tribunal de Roma la recalificación de su relación laboral como indefinida. El Tribunal desestimó el caso al considerar que la normativa de los contratos de trabajo de régimen general no era aplicable a las fundaciones líricas y sinfónicas. 

El Tribunal de Apelación de Roma, que conoció el litigio en la siguiente fase, se dirigió al TJUE para saber si el Derecho de la Unión Europea se opone a la normativa nacional en este caso. Algo que ha ratificado la sentencia del tribunal europeo, al no existir en el Estado miembro ninguna otra sanción efectiva para los abusos detectados en el sector de las fundaciones líricas y sinfónicas. El TJUE señala en su sentencia que:


– El carácter público de las fundaciones líricas y sinfónicas carece de incidencia en la protección que reciben los trabajadores con arreglo al Acuerdo marco, ya que éste es de aplicación a la totalidad de los trabajadores, con independencia de que el empresario sea público o privado.

– El hecho de que Italia haya utilizado tradicionalmente contratos de duración determinada en ese sector específico no dispensa a dicho Estado de cumplir las obligaciones que se desprenden del Acuerdo marco.

– Del expediente no se desprende que exista una razón por la que los objetivos de desarrollo de la cultura italiana y de salvaguardia del patrimonio histórico y artístico italiana exijan que los empleados del sector cultural y artístico contraten personal con contratos de duración determinada.

– Del expediente no se desprende que necesidades provisionales del empresario justifiquen la renovación de contratos de trabajo de duración determinada. Por el contrario, la Sra. Sciotto parece haber sido contratada, durante varios años, para desempeñar siempre tareas similares y, por tanto, necesidades de la programación habitual (extremo que deben comprobar los jueces nacionales).

– Las consideraciones presupuestarias no pueden justificar la falta de cualquier medida preventiva contra la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada sucesivos.

– Del expediente no se desprende que la renovación de contratos de trabajo de duración determinada responda a la necesidad de sustituir al personal a la espera del resultado de procedimientos de concurso organizados con el fin de seleccionar trabajadores por tiempo indefinido.

 

Enlace a la página: http://diarioliricoes.blogspot.com/2018/11/el-tjue-sentencia-que-los-contratos-de.html?m=1

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