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En estas infografías, podéis entender la situación actual de las y los interinos de España y que pretenden ocultarnos y confundirnos con mensajes contradictorios.

Es un fraude de ley, creado desde la administración que afecta a una población de un mínimo de 500.000 personas en esta situación.

Ahora reclamamos lo que de justicia es nuestro y nos lo hemos ganado en diversas ocasiones Las y los interinos, no somos responsables de ello, somos sus victimas.

Veinte funcionarios municipales toman posesión del puesto adquirido por concurso

El proceso se enmarca entre los objetivos del gobierno local de regularizar la gestión de los recursos humanos

Fuente: CADENA SER 15/07/2018

Veinte funcionarios municipales han tomado posesión de sus nuevos cargos en el Ayuntamiento de Jerez tras superar el concurso de méritos impulsado por el gobierno municipal.

Dicho concurso ha permitido que el personal funcionario municipal pueda presentarse voluntariamente a los puestos, en casi todos los casos implicando un ascenso, resultando adjudicados según la valoración de mérito y capacidad fijada previamente en las Bases de la convocatoria.

Su realización se enmarca entre los objetivos del Gobierno municipal respecto a la regularización de la gestión de los recursos humanos, junto a las medidas para conseguir aumentar el número de personal funcionario de carrera, como las oposiciones libres y el proceso de promoción interna que se acaban de convocar, la inminente convocatoria de funcionarización para el personal laboral fijo y el futuro proceso de estabilización del personal laboral indefinido.

La teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Laura Álvarez, ha señalado que el consistorio seguirá convocando regularmente nuevos concurso de méritos par impulsar y facilitar al promoción de la carrera profesional de trabajadores municipales.

Enlace a la página:

http://cadenaser.com/emisora/2018/07/15/radio_jerez/1531680589_331115.html

L@s que están, SE QUEDAN!!!

La consolidación de policías locales interinos, según la nueva ley, podría aplicarse en septiembre

Fuente: El Meridiano

12/07/2018

La diputada en Les Corts Valencianes, Cristina Cabedo, se ha reunido esta semana con el director de la Agencia Valenciana de Respuestas a las Emergencias y su gabinete técnico para impulsar la puesta en marcha real de la nueva ley de policías que, aunque aprobada en noviembre con el apoyo de Podem, no había avanzado en su implementación desde entonces.

«Nos han confirmado que este septiembre la pondrán en marcha», ha comentado tras el encuentro Cabedo, «parece que asistimos a una nueva etapa de colaboración y transparencia con el Govern y la Agencia Valenciana de Respuestas a las Emergencias, especialmente útil para fiscalizar el desarrollo de la ley de policías aprobada en noviembre y donde el apoyo de Podemos fue indispensable para que fuera aprobada.»

Esta ley de reciente tramitación ha adquirido gran importancia estos últimos meses porque su rápida aplicación hubiera permitido cubrir los puestos vacantes en verano a través de la consolidación de policías locales interinos y evitando las contrataciones excepcionales, cosa que ocurrió finalmente con la abstención crítica de Podem. Este decreto que Podem ha conseguido confirmar en su aplicación definitiva para este próximo septiembre, es también clave para luchar contra la precariedad de centenares de policías interinos.

«Al abstenernos, matizamos nuestra preocupación por el retraso por parte del Consell para presentar el decreto que consolidara a los policías interinos y que hubiese contribuido a mejorar las plantillas estables de los ayuntamientos, y que el Consell prometió tener en vigor a principios de enero,» ha explicado Cabedo, «con esa abstención también quisimos resaltar la falta de información sobre el momento de tramitación de este asunto y que nos es desconocida, a pesar de haber pedido información de forma insistente.»

«Por ello fue positivo que Podem pudiese tener interlocución directa con el gabinete técnico del Director de la Agencia para despejar dudas acerca del contenido de este decreto,» señaló la diputada morada, a la que desde la Agencia incluso emplazaron a otra reunión a finales de septiembre para para seguir además otros decretos similares en los que están trabajando.

«Parece que desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias se ha entendido que el apoyo en les Corts de Podem ha sido, y continúa siendo, fundamental para que el Consell no sólo tenga el apoyo en la aprobación de leyes sino en la ejecución de las mismas,» concluyó la diputada de Podem.

 

Enlace a la página:

http://elmeridiano.es/comarca/la-consolidacion-de-policias-locales-interinos-segun-la-nueva-ley-podria-aplicarse-en-septiembre/

L@s que están, SE QUEDAN!!!

Los interinos suman nuevas victorias legales pese a que Bruselas ratificó en junio que la normativa española que no les reconoce a priori indemnización alguna es legal

Fuente: El confidencial

Redacción: David García-Maroto 10 de Julio de 2018

La polémica sobre si los trabajadores interinos deberían tener derecho a una indemnización económica tras perder su puesto de trabajo está lejos de acabarse.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reculó el pasado mes de junio y declaró que el actual sistema de indemnizaciones en el mercado laboral español, que niega a priori cualquier contraprestación por cese a los interinos, se ajusta al derecho comunitario, los tribunales españoles siguen reconociendoles indemnizaciones económicas.

El último caso conocido es el de la trabajadora interina Lucía Montero Mateos, precisamente una de las cuestiones sobre las que el TJUE resolvió para ratificar la legalidad de la normativa española.

El Juzgado de lo Social número 33 de la Comunidad de Madrid, en una sentencia con fecha del 28 de junio a la que ha tenido acceso El Independiente, reconoce una indemnización de 20 días por año a esta trabajadora que, dado el número de casos pendientes, todo apunta que no será la última en ganar el pulso a la Administración, diga lo que diga la UE.

Para entender esta situación a primera vista paradójica, hay que tener en cuenta lo que dictó el TJUE tomando como referencia otros casos como el de ‘De Diego Porras’ o ‘Grupo Norte Facility’. En respuesta a diferentes cuestiones planteadas por los tribunales españoles, ratificó que la regulación española puede seguir aplicándose en sus actuales términos.

De esta forma, venía a enmendarse después de que en una resolución de septiembre de 2016, precisamente sobre el caso ‘De Diego Porras’, abriera la puerta a que la legislación española reconociese a los trabajadores interinos y temporales el derecho a cobrar indemnizaciones similares a las de indefinidos.

Precisamente, ese toque de atención de Bruselas provocó un terremoto legal y una proliferación sin precedentes de consultas de los tribunales españoles al TJUE. Así es que tras el paso atrás de junio, parecía que todas esas consultas quedarían aparcadas y se cerraría el círculo.

No obstante, el tribunal europeo, como no podía ser de otra manera, dejaba al albur de cada juzgado nacional la decisión final en virtud de la naturaleza de cada caso. Es decir, daba por buena la legislación a aplicar, pero dejaba espacio al criterio personal de cada juez. Y en ese margen se ha producido la sentencia sobre el caso ‘Montero Mateos’.

El caso ‘Montero Mateos’

De acuerdo con los hechos probados por el juzgado, Montero Mateos entró a trabajar como interina para cubrir una vacante en la Agencia Española de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en marzo de 2007. En octubre de 2009 se convocó un proceso extraordinario para la consolidación del empleo en plazas como la suya dentro de la Comunidad de Madrid, sin embargo éste no se celebró hasta 2016, momento en el que Montero Mateos fue sustituida por otra persona.

Por tanto, la demandante estuvo trabajando para la Administración durante 8 años y 10 meses, y las pruebas para cubrir la vacante que ella fue a su vez a cubrir de manera temporal se llevaron a cabo con 6 años y 11 meses de retraso.

Esto, a los ojos de algunos juristas consultados, se trataría de un claro caso de abuso que podría haber llevado al juzgado a sentenciar un indemnización de 33 días por año, la máxima prevista en el Estatuto de los Trabajadores en caso de improcedencia. Sin embargo, el Magistrado-Juez del Juzgado de los Social número 33 de Madrid, José Pablo Aramendi, obvia esta circunstancia y se centra en otros aspectos.

Con el Estatuto Básico del Empleado Público en la mano (puesto que el caso se desarrolla en el ámbito de la Administración), recuerda que toda plaza interina por vacante debe ocuparse mediante un proceso selectivo en un plazo de tres años en el caso del sector público. Sin embargo, insiste en que este procedimiento se demoró casi siete años.

En este punto, el magistrado interpreta que si el contrato no se extingue en el plazo previsto de tres años por la convocatoria del proceso de selección, “deja de acomodarse a la legalidad en tanto que contrato temporal”, a lo que añade que “la solución dada por la jurisprudencia para los contratos temporales suscritos por las administraciones públicas que no se ajustaran a las previsiones legales que justifican su naturaleza temporal pasa por la calificación de tales contratos como indefinidos fijos”.

Esto quiere decir que, a ojos del magistrado, transcurridos tres años, la plaza de Montero Mateos pasa a considerarse indefinido no fijo (una figura creada por los tribunales, pero reconocida posteriormente por el legislador) y que cabe entonces algún tipo de indemnización. ¿Pero cuál?

En este punto, la sentencia no habla de un despido propiamente dicho, pero considera que se trata de una extinción unilateral del empleador y fuera del plazo legal, que podría asimilarse a un despido por causas objetivas. Retomando el criterio expresado en anteriores ocasiones por el Tribunal Supremo, el magistrado resuelve que corresponden 20 días por año, la misma cantidad que la de un indefinido despedido por causas objetivas.

La Administración ante la incertidumbre

Se trata de una sentencia de un juzgado de los social que para nada crea jurisprudencia. Habrá que esperar, en todo caso, si la Administración recurre y la cuestión pasa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o incluso el caso llega a manos del Tribunal Supremo.

Sin embargo, relevancia de esta sentencia radica en que, pese a que el criterio del TJUE sobre la posible indemnización de los interinos volvió al punto de partida en el mes de junio, los tribunales siguen dilucidando caso por caso y podrían asestar nuevos golpes a la Administración. De hecho, la sentencia apunta que las conclusiones a las que llega pueden ser una referencia “para otras posibles situaciones que en el futuro hayan de resolverse”.

Por lo pronto, fuentes jurídicas consultadas, o como señala el experto en la cuestión Ignasi Beltrán en una entrada en su blog a propósito de la sentencia sobre el caso ‘Montero Mateos’, la indemnización a pagar por la Comunidad de Madrid podría haber llegado a los 33 días por año en este caso.

Más aún, aunque por una camino diferente, la conclusión a la que llega esta sentencia es similar al del caso de ‘Diego Porras’, lo que da la idea de las diferentes interpretaciones (aún más severas para la Administración) que podrían seguir aplicando los juzgados en ulteriores, que seguirán decidiendo sobre otros casos de interinos que se animaron a denunciar su caso tras el pronunciamiento del TJUE de 2016.

Enlace a la página:

https://www.elindependiente.com/economia/2018/07/10/justicia-espanola-nuevas-indemnizaciones-a-interinos-al-margen-de-la-ue/

L@s que están, SE QUEDAN!!!

Noticia del 2017, ¿preocupante o risible?, reescribiendo el EBEP, y ojo, con asesor@s y Tod@s sin oposición y cobrando, ¿como te quedas?

La enmienda del grupo popular reduce a "necesidades urgentes" el uso de la interinidad

Fuente: El Pais 2017/05/10

Los grupos del Partido Popular y de Ciudadanos apoyarán una enmienda del PP a los presupuestos que contempla poner límites a uso que la Administración hace, en todos sus ámbitos, de los interinos. El texto presentado por el grupo que apoya al Ejecutivo limita a un máximo de tres años la duración de los contratos temporales en el sector público o el nombramiento como funcionario interino del trabajador afectado.

La enmienda también contempla vetar el empleo temporal. "No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables", señala la enmienda popular, que contará con el respaldo de Ciudadanos, según ha contado el portavoz de este partido, Vicente Ten Oliver.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pasa por delante del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría Claudio Álvarez

Los grupos del Partido Popular y de Ciudadanos apoyarán una enmienda del PP a los presupuestos que contempla poner límites a uso que la Administración hace, en todos sus ámbitos, de los interinos. El texto presentado por el grupo que apoya al Ejecutivo limita a un máximo de tres años la duración de los contratos temporales en el sector público o el nombramiento como funcionario interino del trabajador afectado.

La enmienda también contempla vetar el empleo temporal. "No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables", señala la enmienda popular, que contará con el respaldo de Ciudadanos, según ha contado el portavoz de este partido, Vicente Ten Oliver.

De salir adelante esta enmienda, que precisa del respaldo de más grupos parlamentarios, España comenzará a adaptar su legislación sobre interinidad a las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia del pasado septiembre, cuando en tres fallos puso en tela de juicio la regulación de todos los contratos temporales y, sobre todo, de la interinidad en España.  Los jueces comunitarios cuestionaron especialmente el uso que se hace de la temporalidad en sectores con gran presencia de empleo público como la Sanidad.

Esos fallos llevaron al Ministerio de Empleo a poner en marcha una comisión de expertos que solo pudo pactar adaptar la regulación de los contratos de interinidad. La enmienda del PP toma parcialmente la recomendación de estos expertos ya que se limita a tocar la regulación en el sector público y no crea ningún tipo de indemnización para este tipo de contratos, uno de los puntos que atacaron los jueces europeos. 

Con esta enmienda se lleva a la norma el espíritu del pacto contra la temporalidad que firmó el Gobierno con los sindicatos del sector público (CC OO, UGT 7 CSI-F) en marzo, que pretendía sacar a concurso todas las plazas de la Administración cubiertas por un interino durante tres o más años. Esto supone que en los próximos años se crearán 250.000 nuevas plazas fijas todos los ámbitos del sector público y se reducirá la tasa de temporalidad en ese sector al 8%.

Enlace a la página:

https://elpais.com/economia/2017/05/23/actualidad/1495559024_900539.html

L@s que están, SE QUEDAN!!!

03/05/2018

Fuente: Merca2

Redacción: Carlos Lospitao

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, planea el mayor ERE jamás contado. Cerca de 700.000 personas están en riesgo de perder sus puestos de trabajo. Profesionales interinos de la Administración Pública con una media de 18 años de servicio que de la noche a la mañana pueden irse a la calle con una mano delante y otras detrás. ¿Sus opciones? Aprobar las oposiciones o denunciar al Gobierno ante los tribunales.

Toda esa historia comienza en el año 2012. Por aquel entonces Manuel Martos, abogado y actual presidente de ANIL (la asociación de interinos que defiende sus derecho), recibió un curioso caso en su despacho. Se trataba de un profesional de la Sanidad de Cádiz, con 14 años de antigüedad y con una concatenación de contratos firmados en el hospital donde ejercía su profesión. Lo que este empleado reclamó y posteriormente ganó fue ser reconocido como indefinido al haber trabajado más de tres años seguidos para la Administración Pública.

Pensé que este sería un caso aislado, pero tirando un poco del hilo descubrí que la contratación de interinos para sustituir plazas fijas de empleo pública era una tónica habitual”, afirma Martos a MERCA2. De hecho, la realidad es que a día de hoy en España hay médicos que firman contratos laborales cada tres meses, enfermeras que renuevan su compromiso cada semana, policiales locales con contratos temporales…

El juicio de este abogado contra la Administración levantó las primeras sospechas del Viejo Continente. De hecho, en diciembre del año 2014 la Comisión Europea citó a Martos para conocer la situación del trabajador interino defendido dos años atrás. El requerimiento también fue aprovechado para preguntar al letrado si conocía de más casos como el de su cliente.

Desde que me llegó el primer caso me puse a investigar y cuando Europa me llamó ya tenía controlada cerca de 72 administraciones públicas que contaban con interinos de más de tres años de antigüedad”, explica Martos.

El abogado -ahora defensor de muchos de los interinos españoles- puso sobre la pista a la Unión Europea. Meses más tarde, la Comisión impuso una multa de cien millones de euros. ¿El motivo? El abuso continuado de contratos temporales para cubrir puestos permanentes, consideradas por el TJUE contrataciones “en fraude de ley”.

LA UNIÓN EUROPEA ‘CRUJE’ A MONTORO

El ‘multazo’ cayó como agua fría en el Ministerio de Hacienda. Montoro comenzó a mirar a las mermadas arcas públicas y suplicó una prórroga de la sanción a la Unión Europea. Al final, esta última acepta el aplazamiento, pero con una única condición: que el Estado garantice la estabilidad de sus trabajadores interinos.

Pero esta promesa lejos de favorecer a los trabajadores eventuales sólo les ha perjudicado. En marzo de 2017, Montoro firmó un acuerdo con los sindicatos para mejorar la oferta de empleo público. El objetivo de esta pacto firmado con las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CC OO) era reducir la tasa de temporalidad de la Administración Pública del 23% al 8%.

LA ‘TRAMPA’ DE MONTORO

La argucia de Montoro también contó con la complicidad de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, dos administraciones repletas de interinos. Argucia porque lo cierto es que el titular de Hacienda cumple con la petición de la Unión Europea de regular el empleo público, pero a costa de los trabajadores temporales. Es decir, las nuevas plazas fijas no son para los interinos que llevan años desempeñando estas funciones.

Las oposiciones estarán abiertas a todos los ciudadanos, pero se tendrá en cuenta y se computará el tiempo que se lleve trabajando para una administración pública, según el Gobierno Central. Esta fórmula permitirá, que no garantizará, que los interinos se hagan con una plaza fija.

Pero la realidad para Martos y sus representados es bien distinta. “Tengo un interino en Granada con más de 30 años en el puesto. Además de obligarle a aprobar las oposiciones se le limita a diez años la experiencia y la nota del examen cuenta un 60%. Por lo tanto, ¿dónde está la ventaja?“, se pregunta Martos.

LOS INTERINOS PASAN A LA ACCIÓN

La medida no tendrá ningún coste para las arcas públicas porque no se aumenta la plantilla global de las administraciones públicas. Sólo sustituirán puestos de trabajo temporales por fijos. Esta medida afecta según cifras oficiales a cerca de 300.000 personas. Aunque el presidente de ANIL defiende que esta cifra asciende a 700.000 individuos.

Por su parte, los interinos han pasado a la acción a través muchos de ellos de Martos. El abogado ha denunciado al propio Montoro y a los cuatros representantes sindicales que que firmaron el acuerdo para la oferta de empleo público. La denuncia fue presentada en la Audiencia Nacional, pero finalmente fue derivada al Tribunal Supremo en diciembre del año 2017.

LA OFERTA PÚBLICA, IMPUGNADA

Durante estos cinco meses de 2018, el gobierno central ha lanzado multitud de plazas de empleo público, a pesar de que el asunto está en los tribunales Nacional. Por este motivo, Martos se ha personado este lunes en la AN para impugnar toda la oferta pública de empleo publicada hasta ahora y pedir medidas cautelares. Esta petición podría parar todas las oposiciones que están ahora en curso.

Además, Martos también va a luchar por las indemnizaciones del los interinos consigan o no su plaza fija de funcionario. En este sentido, el abogado estima que las comensaciones podrían alcanzar los 7.200 millones de euros. El letrado se basa en la media de años trabajados de los trabajadores temporales. “Los primeros cálculos hablan de 18 años de media”, afirma Martos. El Ejecutivo Central explica que cada caso será estudiado de manera individual.

Aunque la realidad es que el Ministerio de Hacienda, bajo las órdenes de Montoro, no ha previsto ninguna partida para indemnizar a los trabajadores despedidos. Desde Hacienda entienden que al ser interinos “no tienen derecho a la indemnización”.

Enlace a la página:

https://www.merca2.es/el-ere-encubierto-de-montoro/

L@s que están, SE QUEDAN!!!