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En estas infografías, podéis entender la situación actual de las y los interinos de España y que pretenden ocultarnos y confundirnos con mensajes contradictorios.

Es un fraude de ley, creado desde la administración que afecta a una población de un mínimo de 500.000 personas en esta situación.

Ahora reclamamos lo que de justicia es nuestro y nos lo hemos ganado en diversas ocasiones Las y los interinos, no somos responsables de ello, somos sus victimas.

 
 
 
 

Los interinos suman nuevas victorias legales pese a que Bruselas ratificó en junio que la normativa española que no les reconoce a priori indemnización alguna es legal

Fuente: El confidencial

Redacción: David García-Maroto 10 de Julio de 2018

La polémica sobre si los trabajadores interinos deberían tener derecho a una indemnización económica tras perder su puesto de trabajo está lejos de acabarse.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reculó el pasado mes de junio y declaró que el actual sistema de indemnizaciones en el mercado laboral español, que niega a priori cualquier contraprestación por cese a los interinos, se ajusta al derecho comunitario, los tribunales españoles siguen reconociendoles indemnizaciones económicas.

El último caso conocido es el de la trabajadora interina Lucía Montero Mateos, precisamente una de las cuestiones sobre las que el TJUE resolvió para ratificar la legalidad de la normativa española.

El Juzgado de lo Social número 33 de la Comunidad de Madrid, en una sentencia con fecha del 28 de junio a la que ha tenido acceso El Independiente, reconoce una indemnización de 20 días por año a esta trabajadora que, dado el número de casos pendientes, todo apunta que no será la última en ganar el pulso a la Administración, diga lo que diga la UE.

Para entender esta situación a primera vista paradójica, hay que tener en cuenta lo que dictó el TJUE tomando como referencia otros casos como el de ‘De Diego Porras’ o ‘Grupo Norte Facility’. En respuesta a diferentes cuestiones planteadas por los tribunales españoles, ratificó que la regulación española puede seguir aplicándose en sus actuales términos.

De esta forma, venía a enmendarse después de que en una resolución de septiembre de 2016, precisamente sobre el caso ‘De Diego Porras’, abriera la puerta a que la legislación española reconociese a los trabajadores interinos y temporales el derecho a cobrar indemnizaciones similares a las de indefinidos.

Precisamente, ese toque de atención de Bruselas provocó un terremoto legal y una proliferación sin precedentes de consultas de los tribunales españoles al TJUE. Así es que tras el paso atrás de junio, parecía que todas esas consultas quedarían aparcadas y se cerraría el círculo.

No obstante, el tribunal europeo, como no podía ser de otra manera, dejaba al albur de cada juzgado nacional la decisión final en virtud de la naturaleza de cada caso. Es decir, daba por buena la legislación a aplicar, pero dejaba espacio al criterio personal de cada juez. Y en ese margen se ha producido la sentencia sobre el caso ‘Montero Mateos’.

El caso ‘Montero Mateos’

De acuerdo con los hechos probados por el juzgado, Montero Mateos entró a trabajar como interina para cubrir una vacante en la Agencia Española de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en marzo de 2007. En octubre de 2009 se convocó un proceso extraordinario para la consolidación del empleo en plazas como la suya dentro de la Comunidad de Madrid, sin embargo éste no se celebró hasta 2016, momento en el que Montero Mateos fue sustituida por otra persona.

Por tanto, la demandante estuvo trabajando para la Administración durante 8 años y 10 meses, y las pruebas para cubrir la vacante que ella fue a su vez a cubrir de manera temporal se llevaron a cabo con 6 años y 11 meses de retraso.

Esto, a los ojos de algunos juristas consultados, se trataría de un claro caso de abuso que podría haber llevado al juzgado a sentenciar un indemnización de 33 días por año, la máxima prevista en el Estatuto de los Trabajadores en caso de improcedencia. Sin embargo, el Magistrado-Juez del Juzgado de los Social número 33 de Madrid, José Pablo Aramendi, obvia esta circunstancia y se centra en otros aspectos.

Con el Estatuto Básico del Empleado Público en la mano (puesto que el caso se desarrolla en el ámbito de la Administración), recuerda que toda plaza interina por vacante debe ocuparse mediante un proceso selectivo en un plazo de tres años en el caso del sector público. Sin embargo, insiste en que este procedimiento se demoró casi siete años.

En este punto, el magistrado interpreta que si el contrato no se extingue en el plazo previsto de tres años por la convocatoria del proceso de selección, “deja de acomodarse a la legalidad en tanto que contrato temporal”, a lo que añade que “la solución dada por la jurisprudencia para los contratos temporales suscritos por las administraciones públicas que no se ajustaran a las previsiones legales que justifican su naturaleza temporal pasa por la calificación de tales contratos como indefinidos fijos”.

Esto quiere decir que, a ojos del magistrado, transcurridos tres años, la plaza de Montero Mateos pasa a considerarse indefinido no fijo (una figura creada por los tribunales, pero reconocida posteriormente por el legislador) y que cabe entonces algún tipo de indemnización. ¿Pero cuál?

En este punto, la sentencia no habla de un despido propiamente dicho, pero considera que se trata de una extinción unilateral del empleador y fuera del plazo legal, que podría asimilarse a un despido por causas objetivas. Retomando el criterio expresado en anteriores ocasiones por el Tribunal Supremo, el magistrado resuelve que corresponden 20 días por año, la misma cantidad que la de un indefinido despedido por causas objetivas.

La Administración ante la incertidumbre

Se trata de una sentencia de un juzgado de los social que para nada crea jurisprudencia. Habrá que esperar, en todo caso, si la Administración recurre y la cuestión pasa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o incluso el caso llega a manos del Tribunal Supremo.

Sin embargo, relevancia de esta sentencia radica en que, pese a que el criterio del TJUE sobre la posible indemnización de los interinos volvió al punto de partida en el mes de junio, los tribunales siguen dilucidando caso por caso y podrían asestar nuevos golpes a la Administración. De hecho, la sentencia apunta que las conclusiones a las que llega pueden ser una referencia “para otras posibles situaciones que en el futuro hayan de resolverse”.

Por lo pronto, fuentes jurídicas consultadas, o como señala el experto en la cuestión Ignasi Beltrán en una entrada en su blog a propósito de la sentencia sobre el caso ‘Montero Mateos’, la indemnización a pagar por la Comunidad de Madrid podría haber llegado a los 33 días por año en este caso.

Más aún, aunque por una camino diferente, la conclusión a la que llega esta sentencia es similar al del caso de ‘Diego Porras’, lo que da la idea de las diferentes interpretaciones (aún más severas para la Administración) que podrían seguir aplicando los juzgados en ulteriores, que seguirán decidiendo sobre otros casos de interinos que se animaron a denunciar su caso tras el pronunciamiento del TJUE de 2016.

Enlace a la página:

https://www.elindependiente.com/economia/2018/07/10/justicia-espanola-nuevas-indemnizaciones-a-interinos-al-margen-de-la-ue/

L@s que están, SE QUEDAN!!!

03/05/2018

Fuente: Merca2

Redacción: Carlos Lospitao

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, planea el mayor ERE jamás contado. Cerca de 700.000 personas están en riesgo de perder sus puestos de trabajo. Profesionales interinos de la Administración Pública con una media de 18 años de servicio que de la noche a la mañana pueden irse a la calle con una mano delante y otras detrás. ¿Sus opciones? Aprobar las oposiciones o denunciar al Gobierno ante los tribunales.

Toda esa historia comienza en el año 2012. Por aquel entonces Manuel Martos, abogado y actual presidente de ANIL (la asociación de interinos que defiende sus derecho), recibió un curioso caso en su despacho. Se trataba de un profesional de la Sanidad de Cádiz, con 14 años de antigüedad y con una concatenación de contratos firmados en el hospital donde ejercía su profesión. Lo que este empleado reclamó y posteriormente ganó fue ser reconocido como indefinido al haber trabajado más de tres años seguidos para la Administración Pública.

Pensé que este sería un caso aislado, pero tirando un poco del hilo descubrí que la contratación de interinos para sustituir plazas fijas de empleo pública era una tónica habitual”, afirma Martos a MERCA2. De hecho, la realidad es que a día de hoy en España hay médicos que firman contratos laborales cada tres meses, enfermeras que renuevan su compromiso cada semana, policiales locales con contratos temporales…

El juicio de este abogado contra la Administración levantó las primeras sospechas del Viejo Continente. De hecho, en diciembre del año 2014 la Comisión Europea citó a Martos para conocer la situación del trabajador interino defendido dos años atrás. El requerimiento también fue aprovechado para preguntar al letrado si conocía de más casos como el de su cliente.

Desde que me llegó el primer caso me puse a investigar y cuando Europa me llamó ya tenía controlada cerca de 72 administraciones públicas que contaban con interinos de más de tres años de antigüedad”, explica Martos.

El abogado -ahora defensor de muchos de los interinos españoles- puso sobre la pista a la Unión Europea. Meses más tarde, la Comisión impuso una multa de cien millones de euros. ¿El motivo? El abuso continuado de contratos temporales para cubrir puestos permanentes, consideradas por el TJUE contrataciones “en fraude de ley”.

LA UNIÓN EUROPEA ‘CRUJE’ A MONTORO

El ‘multazo’ cayó como agua fría en el Ministerio de Hacienda. Montoro comenzó a mirar a las mermadas arcas públicas y suplicó una prórroga de la sanción a la Unión Europea. Al final, esta última acepta el aplazamiento, pero con una única condición: que el Estado garantice la estabilidad de sus trabajadores interinos.

Pero esta promesa lejos de favorecer a los trabajadores eventuales sólo les ha perjudicado. En marzo de 2017, Montoro firmó un acuerdo con los sindicatos para mejorar la oferta de empleo público. El objetivo de esta pacto firmado con las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CC OO) era reducir la tasa de temporalidad de la Administración Pública del 23% al 8%.

LA ‘TRAMPA’ DE MONTORO

La argucia de Montoro también contó con la complicidad de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, dos administraciones repletas de interinos. Argucia porque lo cierto es que el titular de Hacienda cumple con la petición de la Unión Europea de regular el empleo público, pero a costa de los trabajadores temporales. Es decir, las nuevas plazas fijas no son para los interinos que llevan años desempeñando estas funciones.

Las oposiciones estarán abiertas a todos los ciudadanos, pero se tendrá en cuenta y se computará el tiempo que se lleve trabajando para una administración pública, según el Gobierno Central. Esta fórmula permitirá, que no garantizará, que los interinos se hagan con una plaza fija.

Pero la realidad para Martos y sus representados es bien distinta. “Tengo un interino en Granada con más de 30 años en el puesto. Además de obligarle a aprobar las oposiciones se le limita a diez años la experiencia y la nota del examen cuenta un 60%. Por lo tanto, ¿dónde está la ventaja?“, se pregunta Martos.

LOS INTERINOS PASAN A LA ACCIÓN

La medida no tendrá ningún coste para las arcas públicas porque no se aumenta la plantilla global de las administraciones públicas. Sólo sustituirán puestos de trabajo temporales por fijos. Esta medida afecta según cifras oficiales a cerca de 300.000 personas. Aunque el presidente de ANIL defiende que esta cifra asciende a 700.000 individuos.

Por su parte, los interinos han pasado a la acción a través muchos de ellos de Martos. El abogado ha denunciado al propio Montoro y a los cuatros representantes sindicales que que firmaron el acuerdo para la oferta de empleo público. La denuncia fue presentada en la Audiencia Nacional, pero finalmente fue derivada al Tribunal Supremo en diciembre del año 2017.

LA OFERTA PÚBLICA, IMPUGNADA

Durante estos cinco meses de 2018, el gobierno central ha lanzado multitud de plazas de empleo público, a pesar de que el asunto está en los tribunales Nacional. Por este motivo, Martos se ha personado este lunes en la AN para impugnar toda la oferta pública de empleo publicada hasta ahora y pedir medidas cautelares. Esta petición podría parar todas las oposiciones que están ahora en curso.

Además, Martos también va a luchar por las indemnizaciones del los interinos consigan o no su plaza fija de funcionario. En este sentido, el abogado estima que las comensaciones podrían alcanzar los 7.200 millones de euros. El letrado se basa en la media de años trabajados de los trabajadores temporales. “Los primeros cálculos hablan de 18 años de media”, afirma Martos. El Ejecutivo Central explica que cada caso será estudiado de manera individual.

Aunque la realidad es que el Ministerio de Hacienda, bajo las órdenes de Montoro, no ha previsto ninguna partida para indemnizar a los trabajadores despedidos. Desde Hacienda entienden que al ser interinos “no tienen derecho a la indemnización”.

Enlace a la página:

https://www.merca2.es/el-ere-encubierto-de-montoro/

L@s que están, SE QUEDAN!!!


El Tribunal Superior de Justicia de Galicia vuelve a dar la razón a un trabajador público que encadenó varios contratos

Fuente: Diario Médico

Miércoles, 31 de enero de 2018

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado a un trabajador de la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos como personal indefinido no fijo por el fraude existente en la contratación temporal a la que fue sometido desde el año 1995.

El trabajador venía prestando servicios para la Agencia desde el año 1995, con la categoría de
Médico General. Esta prestación de servicios no se articuló a través de un único contrato, sino de varias decenas que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo (modalidades de acumulación de tareas y sustitución básicamente).

En el año 2004 el trabajador suscribe un contrato de interinidad en plaza vacante con esta
Agencia, haciendo constar en el mismo que sería cesado en caso de amortización o cobertura de la plaza que se le asignó. En el año 2015 el trabajador seguía vinculado a la empresa a través de este contrato de interinidad.

 

Harto de esta situación, el empleado reacciona en el año 2016 presentando demanda, en la cual reclamaba ser declarado personal indefinido no fijo con la categoría de Médico General y antigüedad de 1 de junio de 1995. Conviene destacar que entre los diversos contratos temporales existían interrupciones, las más grandes de 152 y 114 días de duración. En total, a lo largo de estos casi 20 años de servicio, las interrupciones entre contrato y contrato ascendían a 467 días.

La
Sala de lo Social del TSJ de Galicia reprende a la Administración pública por el uso abusivo de la contratación temporal, estimando el recurso presentado por el trabajador, reconociendo su condición de indefinido no fijo con antigüedad en la empresa de junio de 1995.

Así mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia también recuerda respecto de los contratos de interinidad en plaza vacante que
“el transcurso del plazo de tres años fijado por el art. 70 del EBEP determina la conversión del contrato de interinidad en otro indefinido, en el caso de contrataciones realizadas por las Administraciones Públicas; y ello, sin necesidad de que dicha contratación sea fraudulenta“.

Las interrupciones no merman antigüedad

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia también se pronuncia sobre las interrupciones entre contrato y contrato, declarando que cuando estamos ante una
 prestación de servicios dilatada en el tiempo (en este caso de 20 años de duración), las interrupciones que se puedan producir entre contrato y contrato no tienen por qué suponer la quiebra de la unidad esencial del vínculo laboral que une a las partes y, en consecuencia, de la antigüedad del trabajador en la empresa o Administración.

El letrado
Lois Regueira, que llevó el asunto, considera que “estamos ante un avance significativo en la protección de los empleados temporales, ya que hasta ahora el límite máximo de interrupción entre contrato y contrato se había fijado por sentencia del Tribunal Supremo en poco más de tres meses”.

Por su parte,
Fabián Valero, Socio Director de Zeres Abogados, destaca la repercusión de este pronunciamiento en el ámbito de las administraciones públicas donde “es habitual la concatenación de contratos temporales a través de las llamadas listas de contratación. Esta situación afecta a cientos de miles de trabajadores en situación especialmente precaria. La sentencia del TSJ de Galicia deja claro que saltar de contrato en contrato no rompe el vínculo inicial con la Administración. Si hay fraude la vinculación será indefinida y la antigüedad en el puesto desde el primer contrato”, concluye.

 

Enlace a la página

https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/la-justicia-obliga-a-hacer-indefinido-a-un-medico-eventual-que-fue-cesado-6982

L@s que están, SE QUEDAN!!!


Advierte que eran contratos "fraudulentos". Insta a reconocerles antigüedad e indemnización por cese

Fuente: Faro de Vigo

Redacción: Paula Pérez Santiago 13.07.2018

En esta continua desinformación sobre la situación ilegal de los y las interinas durante tantos años, (por parte de representantes sindicales y sindicatos), la justicia habla por toda la población interina, no lo olvidemos, CONTRATADAS Y CONTRATADOS EN FRAUDE DE LEY

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) echa por tierra el Plan de Estabilización del Sergas suscrito el año pasado con los sindicatos para poner fin a la elevada eventualidad que existe en la plantilla sanitaria. En una primera fase se convirtió a 438 empleados eventuales en interinos, con la intención de que así puedan acceder a una plaza en las oposiciones desde una situación de ventaja. Sin embargo, un colectivo de trabajadores del Complejo Hospitalario de Vigo recurrió a la justicia para denunciar que fueron contratados en fraude de ley como eventuales, puesto que no estaban cubriendo bajas provisionales o dando respuesta a necesidades temporales sino atendiendo a la actividad ordinaria. Y, por lo tanto, defienden que su nombramiento no debe ser como interinos sino como indefinidos. Y el TSXG les acaba de dar la razón. De esta manera, el Sergas tendrá que reconocer su antigüedad desde el primer contrato firmado y tendrán derecho a una indemnización si son cesados.

"Los sucesivos nombramientos de carácter eventual de los que fueron objeto los apelantes para la prestación de servicios determinados en el Sergas se realizaron en fraude de ley y dado el carácter fraudulento de sus nombramientos, declaramos y reconocemos su condición de personal indefinido no fijo del Sergas", falla el TSXG en respuesta a un recurso presentado por ocho enfermeros y auxiliares de enfermería del área de Vigo, representados por el abogado Fabián Valero, de Zeres Abogados, tras ser desestimada inicialmente su demanda por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad olívica.

 

Aunque esta sentencia atañe a estos ocho empleados del área sanitaria de Vigo, el fallo abre la puerta a que los otros 430 eventuales convertidos a interinos puedan reclamar puesto que su situación es la misma. En todo caso, la Xunta puede interponer recurso contra el fallo si no está conforme.

El problema surge durante los años de crisis en los que el Gobierno limitó la tasa de reposición de vacantes. El Sergas al ver limitada su capacidad para convocar oposiciones cubrió muchos puestos con personal eventual y contratos encadenados.

Sin embargo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallase a favor de equiparar las indemnizaciones de los trabajadores temporales a las que tienen los fijos, la Consellería de Sanidade se arriesgaba a fallos judiciales en contra y, de hecho, ya hay varias sentencias emitidas por el TSXG en este sentido.

Por esta razón, decidió impulsar un plan de estabilización que negoció con los sindicatos y fue publicado en el Diario Oficial de Galicia el 4 de mayo de 2017. Su objetivo es reducir del ocho al cinco por ciento la temporalidad en el Sergas. Y una de las medidas incluidas es la conversión de 438 eventuales en interinos. En una segunda fase se preveía dar estabilidad da otros 400.

Se eligió a personal con al menos un año de antigüedad y que no estaba cubriendo bajas o reforzando temporalmente los cuadros de personal, sino desempeñando un trabajo con carácter permanente, pero con la concatenación de contratos temporales.

Al convertirlos en interinos se buscaba darles facilidades para que en las oposiciones del Sergas pudieran conseguir plaza y convertirse en fijos.

Sin embargo, Sanidade solo reconocía su antigüedad desde el momento en que los nombró interinos (el 7 de abril) sin tener en cuenta los años trabajados anteriormente con concatenación de contratos y además los interinos no tienen derecho a indemnización en caso de cese.

Reclamación

La sentencia del TSXG explica que parte del personal afectado por el Plan de Estabilización presentó reclamación ante el Sergas para que se le reconociera su condición de personal indefinido, pero su demanda fue rechazada.

"En efecto, la solución a la temporalidad irregular que arbitra el Sergas a través del Plan de Estabilidad del Empleo publicado en mayo de 2017 no implica una satisfacción de los intereses de quienes, como las aquí apelantes, van más allá de la regularización de su situación convirtiendo sus nombramientos en nombramientos de interinidad por vacantes", señala el fallo judicial.

El alto tribunal constata que han sido objeto de "sucesivos y encadenados nombramientos en fraude de ley, y por tanto de forma irregular, lo cual debe acarrear un reconocimiento como personal indefinido no fijo" y eso conlleva, el reconocimiento de su "antigüedad a todos los efectos desde la fecha del primer nombramiento".

Además, advierte que con la conversión de estos trabajadores en indefinidos no fijos "no se conculcan los principios institucionales de igualdad, mérito y capacidad" para acceder a los puestos de trabajo del Sergas.

Y, por otro lado, en la sentencia se deja claro que la "consecuencia indemnizatoria es real e inherente al carácter fraudulento de los nombramientos"

Enlace a la página:

https://www.farodevigo.es/galicia/2018/07/13/tsxg-tumba-plan-estabilidad-sergas/1927340.html

L@s que están, SE QUEDAN!!!

Un tribunal condena a la Junta de Castilla y León a indemnizar por despido a una interina tras siete años en su puesto

  • La trabajadora reclamaba ser indemnizada tras su cese por cobertura de plaza y la Junta de Castilla y León se niega, de acuerdo con lo recogido en el artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores

  • El Tribunal Superior de Justicia determina que la duración del contrato de la empleada supera el límite legal de los contratos temporales

  • El magistrado falla siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE en relación al caso Diego Porras

Fuente : Eldiario.es

Redacción Mónica Martín 09/07/2018

Una trabajadora interina del Ayuntamiento de Zamora –con una antigüedad de 7 años y medio como Auxiliar de Biblioteca– vio rescindido su contrato al ocuparse la plaza del puesto en el que se encontraba. La empleada, que no recibió indemnización al extinguirse su relación laboral con la institución, procedió a demandar a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León reclamando la cuantía que le correspondía por "despido objetivo, a razón de 20 días de salario por año de servicio", de acuerdo con el artículo 4 del Acuerdo Marco del Anexo de la Directiva UE 1999/70. Y ahora, la justicia le da la razón.

El Juzgado de lo Social Nº2 de Zamora falla a favor de la interina declarando que "tiene derecho a una indemnización igual que un trabajador fijo", ya que considera que la trabajadora se ha convertido en indefinida-no fija teniendo en cuenta la fecha de su contratación en 2010. Tras la resolución del recurso interpuesto por la Consejería ante este fallo –que considera que la extinción del contrato de la interina es válido sin indemnización de acuerdo con el artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores– el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reitera el derecho de la trabajadora a percibir la indemnización.

Queremos recordar la carta que STAZ envió al Consejero de Servicios Públicos y Personal, D. Alberto Cubero, en la que se le avisaba e informaba de la temeridad de seguir adelante con los procesos que afectaban a los y las trabajadoras, contratadas en fraude de ley, de su responsabilidad ante los presupuestos, etc,...podéis leer el documento en el siguiente enlace:http://www.staz.es/38-magazine/noticias-generales/210-situaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica-funcionarios-interinos.html

El primer tribunal se acoge a la jurisprudencia europea, siguiendo la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE en relación al caso Diego Porras, en el que una interina del Ministerio de Defensa demandaba una indemnización debido a la extinción de su relación laboral. El TJUE concluyó en aquel momento que los trabajadores temporales debían obtener la misma compensación que los fijos al extinguirse su contrato de trabajo.

El Tribunal de Justicia de la UE también afirmaba en la sentencia de la interina del Ministerio de Defensa que "en el Derecho español existe una diferencia de trato en las condiciones de trabajo entre los trabajadores fijos y los trabajadores con contratos de duración determinada", respondiendo así a las cuestiones prejudiciales enviadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre este caso.

En el caso de despido objetivo (en el que las empresas o las administraciones alegan causas económicas, organizativas, técnicas y de la producción) la indemnización de los fijos es de 20 días por año trabajado, mientras que para los eventuales es de 12 días por año trabajado en caso de que el contrato se extinga de forma natural.

El juzgado de Zamora suscribe lo que determina el TJUE y añade que el puesto de trabajo que ocupa la empleada es el mismo tanto para un trabajador interino como para un trabajador con plaza, por tanto, los requisitos de formación y las condiciones laborales tienen que ser idénticos, incluyendo la indemnización por cese, de acuerdo con el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión de Europea que prohíbe "cualquier discriminación" en esta materia.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reafirma la doctrina del TJUE para reafirmar el derecho de la interina a recibir la indemnización, ya que "la fecha de finalización del contrato era imposible de determinar cuando se suscribió y el mismo se prolongó hasta alcanzar los siete años y medio de duración". Subraya además que "la duración del contrato de la empleada supera el límite legal de los contratos temporales", de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

La justicia europea matiza su doctrina

La sentencia Diego Porras generó "mucha incertidumbre" en la justicia española. Diferentes tribunales enviaron multitud de preguntas al TJUE para clarificar el criterio del tribunal, explica Ignasi Beltrán, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Oberta de Barcelona a eldiario.es.

Dos años después del caso Diego Porras, el TJUE ha emitido dos sentencias fallando que no hay discriminación en un caso en el que una trabajadora interina no perciba indemnización al ocuparse su plaza, rectificando así el caso de la trabajadora del Ministerio de Defensa en el que consideró que los trabajadores temporales debían obtener la misma compensación que los fijos al extinguirse su contrato de trabajo.

Por tanto, el tribunal europeo concluye que la normativa europea no se opone a que se fijen indemnizaciones diferentes. Beltrán considera que "es de esperar" que los pronunciamientos del TJUE a partir de ahora sobre estas diferencias en las indemnizaciones "sigan esta nueva doctrina".

Enlace a la página:https://www.eldiario.es/economia/tribunal-Junta-Castilla-Leon-indemnizar_0_789171454.html

L@s que están, SE QUEDAN!!!