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El juez amenaza con multar al Sespa si no abre la carrera profesional al sanitario interino

El derecho a un plus salarial, llevado a los tribunales por el Sindicato Médico (SIMPA), afecta a unos 5.500 trabajadores de todas las categorías

Fuente: La Nueva España  10.04.2018


Un juez ovetense ha amenazado al Servicio de Salud del Principado (Sespa) con imponerle "una multa coercitiva" si en un plazo de 15 días no ejecuta la sentencia que obliga a abrir el acceso a la carrera profesional al personal sanitario que trabaja con contratos interinos. Se estima que esta resolución afecta a unos 5.500 trabajadores temporales de la sanidad pública asturiana de todas las categorías.

"El Sespa va a tener que ejecutar la sentencia quiera o no, porque el juez se ha puesto serio. Es importante saber que van a beneficiarse profesionales de todos los estamentos de la sanidad", explicó ayer Antonio Matador, secretario general del Sindicato Médico (SIMPA), entidad que desde tiempo atrás está impulsando en los tribunales la aplicación del derecho a cobrar el plus de carrera profesional, siguiendo la doctrina emanada de la justicia europea y del Tribunal Supremo.

La providencia dictada por Juan Carlos García López, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, fue dictada el pasado 21 de marzo. Atañe el personal interino o eventual que lleva cinco años o más al servicio de la Administración sanitaria y al que, por consiguiente, las nuevas directrices legales le atribuyen los mismos derechos retributivos que a la plantilla fija en la medida en que desarrollan las mismas funciones. El caso ha sido llevado por Domingo Villaamil como letrado del SIMPA.

La Consejería de Sanidad del Principado renunció en su día a recurrir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que reconocía este derecho, pero no ha empezado a abonar un complemento salarial cuya cuantía oscila, según las categorías, entre 46 y 199 euros mensuales. Traducido a 14 pagas, supone entre 644 y 2.786 euros al año. Estas cantidades corresponden al primer tramo de la carrera y el desarrollo profesional. Con el paso de los años, el personal sanitario puede alcanzar hasta el cuarto nivel, cuyas retribuciones vienen a ser el cuádruple de las asignadas al primer grado.


Enlace a la página
http://www.lne.es/asturias/2018/04/10/juez-amenaza-multar-sespa-abre/2266782.html

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Fuente: rioja2
Redacción:  10/04/2018

La plataforma de Interinos de La Rioja insiste en que no se trata de un error administrativo como señalaba el Gobierno regional

El pasado 4 de abril se conoció que ocho docentes interinos habían sido reconocidos por la Consejería de Educación como “indefinidos no fijos”.  La condición de “indefinido no fijo” da al trabajador temporal del sector público el derecho a ser indemnizado en caso de despido por toda su vida labora, tal y como ocurre por ley con cualquier trabajador del sector privado (con los límites legales que correspondan)

La Plataforma de Interinos de la Rioja ha explicado que “ la Administración riojana, en lugar de reconocer lo sucedido, trata de desviar la atención con el objetivo de intentar paralizar la avalancha de fraude  de ley exigiendo lo mismo. Así en su nota de prensa del día 4 de abril afirma que se debe a un error en el proceso administrativo que será subsanado.

Sin embargo, aseguran que se trata de un acto firme en vía administrativa. Adjuntan un documento oficial en ele que el propio servicio de Recursos Humanos de la Consejería de Educación certifica que el recurso de alzada solicitando ser declarado como indefinido no fijo “debe entenderse como estimado”.  Esta figura está avalada por numerosa jurisprudencia

A pesar de esta notificación, "la Consejería pone en duda públicamente la situación de estos ocho profesores a los que ha tenido trabajando durante años en fraude de ley incumpliendo la normativa. Es decir, después de años de abuso, unos trabajadores denuncian a su empleador reclamando sus derechos, se los concede y ahora anuncia que volverá a maltratar a estos trabajadores en lo que parece una clara represalia, simplemente por reclamar sus derechos. En vez de iniciar ese camino, debería tratar de encontrar una solución, tal y como ocurrió hace años con los profesores de religión, por ejemplo", añaden.

Por ello, desde la Plataforma de empleados públicos temporales e interinos de La Rioja quieren mostrar su más firme y comprometido apoyo a sus compañeros y se preguntan "qué crimen comete alguien que denuncia a su empresa por fraude y que pide que se le reconozca un derecho que tienen por ley todos los empleados del sector privado", si hay alguien, en toda España, que pueda defender para los trabajadores públicos temporales menos derechos que para el resto de trabajadores y si alguien defiende que, trabajadores que llevan 2, 6, 10, 20 años trabajando para la Administración no tengan derecho a su indemnización y "acaben en la calle con las manos vacías".

Los interinos se movilizan
Consideran que se debería proceder a reconocer el mismo derecho a todos los empleados públicos temporales de nuestra comunidad (educación, sanidad, justicia, empleados de la administración general de la Comunidad, Ayuntamiento, Estado, etc.) a los que animan a presentar una reclamación exigiendo el mismo reconocimiento.

Creen que Ceniceros tiene una "oportunidad de oro" para terminar con el abuso a los empleados públicos temporales y situar a La Rioja como pionera en España en la defensa de los derechos de los trabajadores públicos temporales. En los próximos días irán denunciando más situaciones de abuso para que la sociedad riojana sea consciente de cómo trata la administración a sus trabajadores: "Conductas prohibidas en la empresa privada que son perseguidas por la Inspección de Trabajo y sancionadas gravemente por la ley, pero que cuando las realiza la administración mira para otro lado, aun cuando se trata de la vulneración de los derechos laborales más básicos de los servidores públicos".

Se adjunta PDF con el certificado de reconocimiento

Enlace a la página
https://rioja2.com/n-119064-2-el-certificado-que-reconoce-a-los-interinos-como-indefinidos-fijos/

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Tras una condena al Ejecutivo por la que debe indemnizar o readmitir a una trabajadora, Afapna ha reclamado una reunión.


Fuente: Navarra.com
11/04/2018

Afapna ha advertido al Gobierno de Navarra de que tiene preparados "cientos de recursos" de interinos de la administración que podrían reclamar ser indefinidos no fijos.
(PI-TOD@S A UNA, EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES)

Así lo ha señalado el presidente del sindicato, Juan Carlos Laboreo, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer una sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona que declara improcedente el despido de una trabajadora del Servicio Navarro de Salud.

Esta sentencia considera la relación laboral de la trabajadora como indefinida no fija y condena a la Administración a readmitirla o a indemnizarla con 45.000 euros.

Laboreo ha advertido de que "en estos momentos tenemos cientos de recursos para presentar" y ha pedido una reunión con el Gobierno de Navarra con el objetivo de "buscar una solución que evite el colapso en las instituciones".

Al respecto, Esmeralda Landa, responsable de la asesoría jurídica del sindicato, ha resaltado que la sentencia es "relevante" porque "todo aquel que tiene un contrato administrativo que haya estado durante mucho tiempo podrá acudir a la jurisdicción laboral".

Asimismo ha subrayado que "ha existido un fraude de ley" y ha indicado que hay "una gran demanda de interinos que quieren acudir a los tribunales".

En este sentido, el presidente de Afapna ha advertido de la posibilidad de que el Ejecutivo deba pagar "cifras desorbitadas" en indemnizaciones por estos recursos "por una mala praxis de los distintos gobiernos" que "han utilizado el modelo de contratación sabiendo que eran plazas que eran necesarias pero que no las querían cubrir porque les salía más barato el personal contratado que el funcionario".

Juan Carlos Laboreo ha asegurado que Navarra "es la comunidad española en la que no se da la figura de funcionario interino" y en la que "porcentualmente existen menos contratos laborales en la administración".

Laboreo ha recordado que, en los años 90, "la falta de control en muchos contratos laborales temporales llevó a que, pasados dos o tres años que fijaba la norma como plazo máximo de duración de un contrato temporal, los afectados acudieran a los juzgados y estos tribunales nombrasen a los laborales temporales como laborales fijos de la administración".

"Esta circunstancia llevó a la administración navarra a modificar unilateralmente el modelo de contratación y a convertir los contratos laborales en administrativos" lo que permitía "prorrogar los mismos por mucho tiempo y además sin derecho a despido", ha explicado.

Un "fraude de ley", ha remarcado Laboreo, que ha afirmado que el juzgado de lo social ha dicho al Ejecutivo foral que "basta ya de abusos con sus empleados públicos, de contrataciones temporales para plazas que existen y que deberían cubrirse mediante OPE" y de "ensañarse con los más débiles".

"Un gobierno no puede abusar de esta manera de sus trabajadores" y "no puede tener a un 51% de su plantilla, tal y como concluye el informe de la Cámara de Comptos, en situación de contratación precaria y sin derecho a finiquito", ha criticado.

En opinión de Laboreo, el Gobierno de Navarra "debe asumir su responsabilidad en los hechos y abonar las cantidades que determina la propia sentencia".

Además, ha reclamado una Oferta Pública de Empleo (OPE) "considerable", así como "un acuerdo de cómo se tiene que acceder a esta OPE, que no lo hay todavía" y una tasa de sustitución correspondiente al "número de plazas que sea necesario para sustitución" mientras que "las plazas que tengan carácter estructural tienen que salir en una OPE ya".

Enlace a la página
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/afapna-gobierno-navarra-contratos-interinos-indefinidos-fijos/20180411133106181403.html

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Fuente: El diario.es
Redacción: Marina Estévez Torreblanca  06/04/2018

Dos científicos de la sanidad gallega consiguen que un juzgado gallego les reconozca el derecho a estabilizar sus empleos pese a ser personal estatutario

La Xunta alegaba que ellos aceptaron sus contratos temporales y que además la plaza de investigador no existe, argumentos desestimados por el juez

Según un informe de la Comisión Europea, España ha perdido unos 12.000 científicos desde el inicio de esta década, tanto por emigración como por abandono de la carrera por la precariedad vinculada a los recortes

La situación de la mayoría de los investigadores y científicos en España es una crónica de precariedad, temporalidad y emigración. En el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) los contratos temporales superan el 43%. La situación es parecida en otros organismos y entidades públicas, en ocasiones cometiendo fraude de ley, como han venido acreditando distintas sentencias.

Así se ha vuelto a poner de manifiesto en un reciente fallo, del pasado 26 de marzo, del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Santiago de Compostela, a la que ha tenido acceso eldiario.es. El juez concede la categoría de personal indefinido no fijo, equiparado a interino, a dos investigadores que llevan prestando servicios de manera ininterrumpida más de 15 años en el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Esta categoría laboral ha sido creada en los juzgados para reconocer las situaciones de personas contratadas por las administraciones públicas en fraude de ley, pero a las que no les dan la categoría de "fijo", ya que no han ganado su plaza en oposición.
(Nota de PI: Esta situación es más dolosa, cuando esta población interina, ha accedido a esta figura por medio de oposición, y en ocasiones ha superado varias, y las administraciones habiendo vacantes, han mantenido a esta población en precario)

La novedad del caso es que estos investigadores eran personal estatutario, no laboral. Precisamente para evitar posibles demandas, las administraciones han procurado contratar a los investigadores en este régimen, ya que de este modo lograban burlar las eventuales demandas.

Los dos científicos reclamaron el reconocimiento de la condición de personal indefinido en la categoría de investigadores del Servicio Galego de Saude, pero una resolución de la Xunta desestimó esta petición. Fue una posterior demanda judicial dirigida por Fabián Valero, del despacho Zeres Abogados, la que ha dado lugar a la citada sentencia, frente a la que cabe recurso.

Los recurrentes comenzaron a prestar servicios con un contrato laboral de obra o servicio con funciones de investigadores, y con la categoría de doctores, en virtud de un convenio de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y el Sergas. Posteriormente, firmaron como personal eventual para la cobertura de servicios determinados, contratos que fueron sucesivamente prorrogados. En su demanda ponen de manifiesto que estos contratos no respondían a necesidades de carácter excepcional y urgente “sino a a la necesidad de desarrollar una fundamental en el sistema sanitario, la labor investigadora”.

Los recurrentes, a los que el juez da la razón, hacen "referencia expresa a la situación de inestabilidad en la que se encuentran, prestando servicios bajo contratos y nombramientos sucesivos fraudulentos de carácter eventual, sujetos a continuas prórrogas, indicando el incumplimiento por el Sergas de los compromisos de contratación estable asumidos con el citado Instituto Carlos III".

Por su parte, el Sergas plantea, básicamente, que los dos médicos no impugnaron sus nombramientos ni las sucesivas prórrogas, y que no existen plazas vacantes de personal investigador, por lo que están justificados sus contratos temporales. Distinguen este caso de los de otras sentencias anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que han reconocido la existencia de fraude en la concatenación de contratos temporales para la prestación de servicios estructurales.

Al respecto, el tribunal considera que aceptar su nombramiento "no priva ni impide a los recurrentes de la posibilidad de que se esclarezca cuál ha sido y es la realidad efectiva de la necesidad o necesidades cuya cobertura ha motivado los sucesivos nombramientos, contratos y prórrogas".

En cuanto al argumento de la Xunta de que el puesto de investigador no existe y por tanto no pueden otorgárselo, el juez responde que "no se trata de la existencia de la existencia de tal categoría en cuanto a tal, sino de verificar si ha habido abuso en la contratación temporal y de sancionar tal abuso en caso de que se produzca". Tampoco consideran "suficiente" que el Sergas les indique que se está planteando una solución normativa para el personal investigador "que, pese al tiempo transcurrido, no se ha implantado de manera efectiva".

"Si bien en el origen se puede discutir si hubo una razón objetiva [para el contrato temporal], la misma desaparece con el paso del tiempo", razona la sentencia, que añade que "los nombramientos adolecen de la mínima y exigible causalidad", y que precisamente el convenio entre el Sergas y el Instituto Carlos III "tiene por finalidad la contratación estable de investigadores".
(Nota de Pi: Esta situación es la que se esta dando en todas las administraciones españolas, interinas e interinos ocupando puestos de trabajos estructurales)

(Continua la noticia)
Enlace a la página:
https://www.eldiario.es/economia/justicia-investigadores-encadenaron-contratos-temporales_0_758024408.html

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Mañana martes día 10 de abril de 2018 a las 18:00 horas tendrán lugar en las instalaciones de la Casa de la Mujer, la reunión informativa a cargo del abogado D. Luis Alfonso Rox, asesor jurídico del sindicato STAZ.

En la reunión se tratarán los siguientes puntos:

1.- Criterios de los Juzgados de lo Contencioso administrativo, en referencia a los ceses de los funcionarios interinos en el Ayuntamiento de Zaragoza.

2.- Aplicación de la creación jurisprudencial de la figura de "indefinido no fijo", para los funcionarios interinos, en el ámbito contencioso administrativo. Posible aplicación práctica.

3.- Contrataciones en fraude de ley en la Administración Pública, consecuencias jurídicas, derecho a ocupar la plaza de forma indefinida en supuestos de contratación fraudulenta. (Vía que iniciará el sindicato STAZ)

4.- Ruegos y preguntas.

Fuente: Diario de Ibiza
Redacción: Mar Ferragut | Palma 03.01.2018


Acusan al Govern de fraude al no haber organizado oposiciones en seis años y califican de "ERE masivo" la próxima convocatoria


Balears es la comunidad con mayor proporción de profesorado interino en su sistema de enseñanza. Y algunos de ellos, unos 50 de momento, se han unido a una demanda masiva para denunciar al Gobierno y al Govern ante la Unión Europea por su "contratación fraudulenta".

La Asamblea de Interinos en Defensa de la Experiencia Docente esgrime al Acuerdo Marco de 1999 y el Estatuto Básico del Empleado Público para lanzar esta acusación. Esta organización señala que se comete fraude de ley cuando un interino desarrolla el trabajo de un funcionario de carrera durante más de tres años y un día sin que durante ese tiempo se le haya dado la opción de tener los mismos derechos y condiciones de estabilidad.

En el archipiélago no se convocaron oposiciones entre 2011 y 2017 e incluso en algunas especialidades se ha estado más de diez años sin que las plazas salieran en oferta pública de empleo.

El año pasado sí hubo oposiciones (se ofertaron 400 plazas) y este verano se ofrecerán 1.007 plazas. La previsión del Govern es ofertar hasta tres mil plazas en los próximos tres años. A día de hoy hay en Balears 4.066 interinos docentes (son el 38% de la plantilla). Según una encuesta reciente realizada por CCOO, un 91% de estos profesores llevan en régimen de interinidad más de tres años (un 63% acumula más de diez años).

Ante las convocatorias de empleo público previstas por Educación estos interinos ven peligrar sus puestos de trabajo ya que, argumentan, "no pueden permitirse preparar unas oposiciones" y por eso las ven como "un ERE masivo". Esta asociación defiende además que sus plazas están consolidadas.

Deploran que tras tantos años de trabajo ahora dejen de "ser válidos" para la Administración. Acusan al Gobierno como "responsable directo", pero también apuntan al Govern y a los sindicatos al considerar que "han fomentado" la situación con la firma de pactos de estabilidad.

Uno de los puntos del Estatuto Básico del Empleado Público en los que se fija esta organización es el artículo 61.6, que contempla que, de forma excepcional, pueden convocarse concursos de méritos para consolidar plazas.   (PI- punto básico de reclamación)

La asociación considera que "la contratación fraudulenta de millones de interinos, la crisis económica más grande de nuestra democracia, la secesión de una comunidad autónoma y las sentencias de los tribunales europeos" suponen una situación excepcional y justifican por ello la convocatoria del concurso de méritos en vez del concurso-oposición.

Parte del problema para estos profesores es que las ofertas de empleo público tienen una primera fase (la teórica, la oposición propiamente dicha) que es eliminatoria. La experiencia acumulada (la gran baza de este colectivo) solo se cuenta a los aspirantes que llegan a la segunda fase (la del concurso). Y estos docentes, entre el trabajo y cargas familiares que han ido adquiriendo, argumentan que no están en igualdad de condiciones con un recién titulado para afrontar la primera fase de oposiciones.

Por eso los sindicatos STES, CCOO y UGT reclamaron al ministerio de Educación suprimir el carácter eliminatorio de esa primera fase, pero el Gobierno se negó aludiendo al principio de igualdad de oportunidades.
(NOTA DE PI: CCOO y UGT, junto con CSIF, sindicatos firmantes del acuerdo con el gobierno, que ha abocado a esta situación de ERE)


"Nefastas consecuencias"


Así, ante la convocatoria de empleo público de este verano esta asociación augura "nefastas consecuencias" para miles de profesores que tras tantos años "ya dominan su profesión a base de palos y palos" y "han consolidado sus puestos".  (PI-situación real de todas y todos los interinos de cualquier ámbito de la administración)

Por eso, por "los derechos esenciales de los trabajadores", piden al conseller Martí March (con el que tienen pendiente reunirse) que suspenda las oposiciones hasta que se resuelvan las denuncias que está presentando en el Tribunal de Justicia de la UE el abogado laboralista Manuel Martos (han presentado más de 2.000 denuncias de interinos de todo el país).

Desde la conselleria de Educación niegan que se haya cometido fraude de ley ya que, argumentan, los interinos finalizan su contrato al acabar el curso y vuelven a ser contratados para el siguiente y se incorporan el 1 de septiembre.

Por otro lado, argumentan que "legalmente no es posible" hacer fijos a funcionarios interinos docentes sin pasar por un proceso de oposiciones.

Fuentes oficiales de la Conselleria recuerdan que son cuerpos estatales y que las características del proceso de oposición vienen marcadas desde el Ministerio y las comunidades autónomas no las pueden modificar. La situación en Educación es diferente de la de Salud y Función Pública, dónde las autonomías si tienen la competencia de diseñar las ofertas públicas de empleo (pueden elegir temarios, la forma de valoración...). Subrayan que en Educación el proceso viene determinado desde Madrid.

Enlace a la página
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/01/03/50-profesores-interinos-denuncian-
contratacion/961401.html

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