En dos sentencias condena a Sanidad por fraude de ley

Fuente: La Voz de Galicia
Redacción: E. ÁLVAREZ, C. PUNZÓN  23/04/2016

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de emitir dos sentencias en las que considera que el Sergas realiza contratos eventuales y temporales que no responden a una cobertura extraordinaria de plazas «sino que se trataba de ocultar, por esa vía fraudulenta, una contratación indefinida de personal».

El TSXG dice que es fraudulento porque siempre que a un trabajador se le contrata durante más de doce meses en un período de dos años y no se explica el motivo de la temporalidad -o aunque se explique en realidad la plaza es de carácter estructural-, «habría de entenderse que se ha realizado en fraude de ley y, por tanto, de forma irregular». Ambos fallos son firmes, por lo que solo cabe recurso de casación.

En el primero de los casos se trata de diez celadoras que estaban trabajando en el Xeral y ahora lo hacen en el nuevo hospital de Vigo, el Álvaro Cunqueiro, y que fueron defendidas por el letrado Fabián Valero. Comenzaron a trabajar para el Sergas el 2 de febrero del 2009, y el 1 de enero del 2014 la Administración sanitaria especificó en el contrato que este finalizaría cuando abriese el nuevo hospital.

 Tenían turnos, vacaciones y días de libre disposición como el resto del personal fijo o interino. El 18 de junio del 2015 se rescindieron sus contratos por la apertura del nuevo hospital, pero al día siguiente del cese fueron contratadas de nuevo, en este caso bajo la justificación de acumulación de tareas

El Tribunal Superior entiende que el vínculo era estable y por lo tanto el cese de las trabajadoras solo podría producirse si el puesto que ocupan hubiese sido cubierto en propiedad -tras una oposición o un concurso de traslados- o porque se amortice. Fabián Valero reconoce que en una situación igual o similar se encuentran no solo cientos de trabajadores del Sergas, sino de otras comunidades, y afirma que la sentencia «da un paso de gigante en la protección de los trabajadores temporales de los servicios de salud de toda España» al admitir que estos trabajadores deben ser indefinidos.Cesada de baja

La otra sentencia afecta a una auxiliar de enfermería del hospital de Verín que trabajaba como personal eventual desde el 1 de julio del 2010. En uno de sus contratos sufrió una baja de larga duración por una neoplasia maligna de glándula tiroidea, por lo que en abril del 2014, cuando expiraba su contrato, no se le renovó.

El TSXG entiende que la auxiliar prestó sus servicios desde julio del 2010 al 30 de abril del 2014 con contratos en los que «nada se hacía constar respecto a que los mismos respondiesen a puntuales necesidades de cobertura».

El fallo plantea los mismos argumentos que el anterior, al considerar que solo podía rescindirse el contrato si la plaza se oferta en una oposición o concurso de traslados, «o por su amortización».

El alto tribunal añade que «el que se haya aprovechado la baja temporal de la demandante para, al socaire de un plazo de expiración de la relación jurídica, acordar su cese, no resulta de recibo».

Enlace a la página
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2016/04/22/tsxg-obliga-indifinidas-diez-celadoras-llevaban-seis-anos-contratos/00031461345626851714984.htm

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EUROPA PRESS 02.04.2018 - 11:34h
Publicado: 20mn Cantabria


El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) a la Oferta Pública de Empleo de Cuerpos Docentes (excepto maestros) de Cantabria. La citada asociación también ha impugnado las ofertas de Asturias, Baleares y Aragón, entre otras.

En Cantabria hay alrededor de 9.100 docentes, de los cuales el 37% (más de 3.300) son interinos, es decir, trabajan mediante contratos temporales. Un grupo de 123 profesores interinos se ha asociado a ANIL para luchar por la estabilidad de sus empleos y denunciar el "fraude de ley" en el que están inmersos por "encadenar contratos" de este tipo durante tres años o más, en contra de lo establecido por la Unión Europea.

Los interinos asociados a ANIL afirman que los sindicatos de la enseñanza "no nos escuchan y nos han abandonado" y ha sido esta "situación de desamparo" en la defensa de sus derechos laborales por lo que ha motivado su "unión". Una situación que se repite, con iguales consecuencias, en otras comunidades autónomas.

Según afirman en su nota de prensa, en Cantabria solo les ha "escuchado" el sindicato Trabajadores Unidos (TU) por lo que, aunque no tiene representación en Educación, han considerado afiliarse y crear una sección de Educación dentro del mismo.

En el comunicado, critican que la Administración pretende reducir la interinidad de la docencia del 37% al 8% que exige Europa entre 2018 y 2020 a través de "un falso Plan de Estabilidad".
"En Educación tenemos una situación en la cual el interino puede haber cambiado de plaza vacante, pero esa misma plaza vacante puede seguir existiendo ocupada por otro interino. Europa habla de estabilidad de interinos y sin embargo el Gobierno (tanto Nacional como Autonómico) y los sindicatos hablan de estabilidad de puestos y pactan una macro-oferta a nivel nacional, que es un ERE encubierto, con el que despedirán a miles de trabajadores sin el reconocimiento de ningún derecho laboral, ya que, a menos que lo solicitemos judicialmente, no tenemos derecho ni a indemnización", denuncian.

En este sentido advierten que esa "macro-oferta" sale en forma de concurso-oposición, con el concurso "una vez aprobada la oposición".

Tras representar recurso para la impugnación de la Oferta de Empleo de Cantabria (Decreto 5/2018), así como la de otras comunidades, a continuación impugnarán la convocatoria, ya que su objetivo es que la Administración "dé una salida a los miles de trabajadores interinos que llevan durante años contratados en fraude de ley", explican.

Con ello se solicitará la paralización de esa oferta de empleo para que la sentencia posterior "no perjudique a nadie, evitando el problema de la duplicidad de plantillas que podría crearse entre los que han ganado la oposición (si ésta sigue su curso) y los que han demandado", explican.

Los interinos de ANIL consideran que el Gobierno "podría solucionar el problema que ha generado en la contratación de su personal" a través del artículo 61.6 de del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla la aplicación excepcional del sistema de concurso que consiste únicamente en la valoración de méritos.

"Y qué mayor excepcionalidad que tener más de un 35% de interinidad a nivel nacional, más de 700.000 afectados, Europa sancionando por la situación de fraude de ley y la cantidad de demandas que poco a poco van presentándose en los juzgados", apostillan, matizando que consideran que "las oposiciones deben existir, pero previamente se debe dar una solución al personal contratado en fraude de ley".

En este sentido, sus lemas son 'Los que están, se quedan' y 'Somos el eslabón más débil de la Administración (los interinos), luchando solos por nuestra estabilidad'.

Enlace a la página:
https://m.20minutos.es/noticia/3302445/0/tsjc-admite-tramite-recurso-asociacion-interinos-contra-oferta-empleo-docente/?utm_source=whastapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web

Enlace a ANIL
Objetivos: El objetivo primordial de la Asociación es defender al personal interino, estatutario y laboral que presta servicios para la administración central, autonómica, supramunicipal, municipal y en empresas públicas.
http://www.interinosylaborales.org/


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Fuente: El Mundo
Redacción: Daniel Moltó  28 marzo 2018

Miguel Ángel Candela, ayer, frente al Ayuntamiento de Alicante.

  •  El operario despedido de UTE Alicante tras casi diez años de contratos temporales reclama a la empresa que lo readmita como fijo indefinido
  •  Un juez condena a UTE Alicante por el despido improcedente de un empleado
  •  El ex trabajador va a cumplir 60 años, por lo que su situación es aún más delicada



A las 12 en punto del mediodía de este martes, mientras sonaban las campanadas de la plaza del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Candela se colocó el que va a ser su uniforme durante el tiempo en que persista su huelga de hambre:una pancarta denunciando el despido improcedente que le dejó en la calle después de diez años encadenando contratos temporales en UTE Alicante, participada por Enrique Ortiz.

En esa empresa, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos del Ayuntamiento de Alicante, Miguel llevó otros uniformes distintos. Primero estuvo destinado en el Ecoparque durante varios años, de donde fue desplazado cuando -según él mismo explica- «entraron otros en la empresa con más conexiones que yo». Como consecuencia, su nuevo uniforme fue el de peón de limpieza (una tarea poco adecuada, ya que su contrato incluye un grado de discapacidad). Así fue limpiando las calles de Alicante, enlazando años con la misma condición de interinidad, hasta que en 2016 la empresa se deshizo de él.


Sentencia

Hace una semana, el operario se sentó en una rueda de prensa junto a sus representantes sindicales y el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. Dieron a conocer una sentencia dictada el 20 de junio por el Juzgado de lo Social 3 de Alicante, que declara su despido improcedente y constata la existencia de un fraude de ley en la sucesión de contratos desde agosto de 2009 en adelante.

Según se explicó en aquella comparecencia el juzgado estipula que este trabajador tendría que haber sido considerado como personal fijo indefinido desde agosto de 2009.

La sentencia condena a UTE Alicante a que readmita al trabajador como personal fijo indefinido, aunque también daba la posibilidad de indemnizarlo con algo más de 17.000 euros brutos. La empresa optó por esta segunda opción y además, ha recurrido la sentencia, ante lo que el trabajador decidió rebelarse y luchar por su readmisión.

«En septiembre cumplo 60 años, por lo que esto es un palo absoluto. La empresa podría haber actuado correctamente y haberme garantizado una mínima estabilidad de vida durante unos pocos años. Sin embargo, me ha negado esa posibilidad», lamentaba además el operario.

Añadió que en la empresa hay, por lo menos, más de 50 contratos en esta misma situación, aunque por el momento sólo hay formalizados siete denuncias. Por eso, Miguel Ángel Candela manifestó su esperanza de que su acción reivindicativa sirva para que otros se animen y reclamen una regularización de sus condiciones laborales.

Poco después de iniciar esta huelga de hambre indefinida, el ex trabajador recibió la visita del portavoz de Guanyar, quien le expresó su apoyo en persona. Pavón subrayó que «el Ayuntamiento contrata como Administración y con dinero público de todos los ciudadanos el servicio de UTE Alicante». Por este motivo, consideró que «no puede consentir que la empresa contrate en fraude de ley y se limite a indemnizar al trabajador cuando lo que procedería sería readmitirle, una readmisión que cuenta con todo nuestro apoyo político», afirmó.

El grupo municipal Guanyar Alacant ya avanzó la semana pasada que va a presentar un escrito por registro para que el Ayuntamiento inicie un expediente para analizar el posible incumplimiento del pliego del servicio por no haberse respetado la normativa laboral aplicable al personal contratado.



Enlace a la página:
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/03/28/5aba7de746163fc9048b45af.html

L@s que están, SE QUEDAN!!!

Fuente: El Boletin
Redacción: Marco González.  1 abril de 2018

Los números que se manejan advierten de que se trata de un problema serio: los afectados señalan que son “más de 700.000”. Y han dicho basta. O al menos han empezado a unirse para denunciar su situación. A través de la Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales – PI, estos trabajadores recuerdan que en las diferentes Administraciones Públicas hay miles de profesionales “contratados en fraude de ley”.

Un total de 26 organizaciones de trabajadores han constituido esta plataforma de afectados para alertar de que “se están vulnerando constantemente” los derechos del personal interino, temporal y temporales. Asociaciones de Justicia, plataformas y asociaciones de interinos de Educación, plataformas de interinos de la Administración General, plataformas de Sanidad, plataformas de la Administración Local y plataformas de Policía Local coinciden: “Entre 600.000 y 900.000 trabajadores públicos interinos y temporales se encuentran en Fraude de Ley”.

Esta situación ha llegado, como apuntan, hasta la Justicia europea que ha reconocido que los distintos gobiernos “vienen realizando durante años contratos en fraude de ley al encadenar nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que realmente son de carácter estructural y permanente”. Pero que sea algo ‘común’, no deja de ser ilegal.

Según destaca la plataforma, la Administración ha ido permitiendo este fraude de ley: “No se han convocado las plazas en el momento en que la ley lo exigía por lo que ha dado lugar a un aumento del número de trabajadores temporales frente a fijos”. De hecho, los últimos movimientos que salen desde La Moncloa no han terminado de convencer a los afectados.

El pacto entre sindicatos y Gobierno

El Acuerdo para la mejora del empleo público de 29 de marzo, firmado por el Gobierno y los sindicatos, ha encontrado una dura crítica por parte de la Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales – PI. Según censuran, que se pretenda convocar todas las plazas que hayan estado ocupadas durante tres años por personal temporal tiene un significado: “No se reconoce el fraude de ley y no se asume la responsabilidad por haber abusado de los trabajadores”.

En este sentido, los afectados reprochan que este paso borre de lleno ese abuso laboral a aquellos empleados “que han sido castigados por la temporalidad sin que se aprobaran las correspondientes convocatorias que les permitieran acceder a las plazas que ocupaban durante años”. Por todo ello, la plataforma no duda en hablar de “un ERE encubierto”, ya que “pretende sustituir a unos trabajadores por otros más baratos”.

Las exigencias de la plataforma

De esta manera, la Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales – PI exige el reconocimiento “de oficio” de este fraude de ley a aquellos empleados públicos, “ya sean funcionarios interinos, laborales temporales o estatutarios temporales, que llevan más de 24 meses contratados dentro de un periodo de 30”.

Sin embargo, las exigencias no se quedan únicamente ahí. Al mismo tiempo, los afectados piden que se frene las ofertas de empleo público “que incluyan ‘plazas de estabilización’ que afectan a estas personas hasta que se regularice su situación laboral”. Y, por último, instan a que los procesos de concursos de méritos abiertos se basen “en el cómputo de la antigüedad como único criterio objetivo de valoración, aplicando las normas que para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico”.

Enlace a la página
https://www.elboletin.com/movil/noticia/161105/nacional/el-personal-interino-temporal-y-eventual-se-une-para-levantarse-contra-la-administracion.html

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De eres, oros y arras.

Fuente: Heraldo de Aragón
Redacción: Alberto Sánchez García, docente decente. 1 Abril 2018

Explicaba Noam Chomsky a modo de autocrítica, que no supo prever los efectos de la significativa democratización, en por ejemplo mayo del 68. En los años sesenta el mundo industrializado presionó por la actividad de sectores de la sociedad, forzó a favor de sus demandas. Decía Chomsky, apenado, afligido, arrepentido, con el mismo gesto torcido de Plutarco casi dos mil años atrás. No pronostiqué el contrataque de la reacción.

Golpe tras golpe, Ana de Diego Porras consiguió una sentencia a su favor que impulsó a la Unión Europea a poner a su favor su situación de temporalidad, y encaminó la de los empleados públicos en el reino español. Entre las medidas desde Europa al reino, le caen como una amenaza, la llamada a la estabilidad laboral de empleados de más de tres años. Cumplan la normativa sobre marco europeo, relativa a la estabilidad laboral o serán sancionados.

Para contratacar, hacienda ha conseguido una entente que parece cordial, con el que desvía la amenaza de sanciones en un simple susto. Un acuerdo con las centrales sindicales CCOO, UGT y CSIF. Un permiso, un festival de despidos de interinos con los que Cristóbal ocupa su papel de nuevo rey. El rey de todos los palos de la baraja, con su corte a caballo de pencos de oros, eres y arras. Le otorgan la posibilidad de iniciar disposiciones legales para aparentar la convocatoria de oposiciones masivas en todo el país. Pruebas selectivas que ponen en jaque la escasa estabilidad laboral de 700.000 interinos, con 300.000 plazas a cubrir. Seremos sometidos a exámenes de supervivencia, pese a llevar trabajando varias décadas, por una fórmula que han llamado estabilidad de plazas y no de empleados.

Hacienda y sindicatos pretenden ir de últimas juntos, poner punto y final a todo lo pasado en una partida a tres cotos; cese, despido y paro masivo de empleados longevos. Buenos profesionales en sus campos (medicina, docencia, e incluso en la propia administración, que no deja de tener importancia por ser gestora de muchos derechos individuales).

La situación del empleado temporal público, ha llegado a alcanzar cotas por encima del 30%, poniéndolo en fraude. En tres años se quiere reducir al 8%. La causa de la racanería en el pasado, en cuanto al número de empleos ofertados sobre la demanda del servicio público, es el fruto de una intención por descalabrar la responsabilidad pública. Dicho de otro modo, el fraude en las contrataciones y el vacío legal de un derecho obrero, es producto de una intención de desmantelamiento de lo público. Así, entre el gobierno de monarcas y sindicatos cuadrúpedos. Robar de la maza, rescatar a la banca, poner bozales, hacer las trampas…Es el contrataque de la reacción, el réquiem del que Chomsky denuncia al sueño americano, está al acecho.

Alberto Sánchez García; docente decente.

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El Defensor del Pueblo investiga los procesos de estabilización del personal temporal de la Junta
La cifra total de las plazas que se ofertarán en el marco de la estabilización del empleo público asciende a 37.115

Fuente: CORDÓPOLIS - 01/04/2018 04:05

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para conocer las medidas que hagan posible los anunciados procesos de estabilización del personal temporal de la Junta, “sin menoscabo” del personal fijo –funcionario de carrera y personal laboral fijo–.

Así, según el texto de la queja, el Defensor solicita un informe detallado al respecto, en el que espera que se concreten las medidas previstas y, en su caso, se determine el número de plazas –en los distintos sectores: administración general, sanitaria y docente– a incluir en dichos procesos.

En este sentido, la Defensoría recuerda que la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado, contempla un proceso de estabilización de empleo temporal, articulándolo a través de tres supuestos en los que se permite la convocatoria en turno libre de un número de plazas superior al resultante de la tasa ordinaria de reposición y que, en los tres casos, se refiere a plazas ocupadas por personal interino o temporal.

En este escenario, apunta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración andaluza, por considerar “prioritario iniciar las actuaciones necesarias para implementar las medidas previstas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, con el objetivo de estabilizar el empleo público de carácter estructural existente”.

Así, la Defensoría añade que la cifra total de las plazas que se ofertarán en el marco de la estabilización del empleo público asciende a 37.115, incluyendo los sectores de Administración General, Docente y Sanitario, así como también las plazas que corresponden al sector instrumental y al personal de la Administración de Justicia que es competencia de la Junta.

“Y, en concreto, el total de las plazas que se incluyen en el referido Decreto, por el que se aprueba la primera Oferta de Empleo Público extraordinaria, asciende a 25.520 plazas, de las cuales, 902 corresponden al sector de Administración General, 6.000 al sector Docente y 18.618 al sector Sanitario”, añade la institución.

Tras la publicación de dicha Oferta se ha iniciado el proceso de estabilización del empleo temporal en la Administración andaluza, manifiesta la institución, que, sin embargo, añade que estas perspectivas de estabilización del empleo temporal “pueden verse truncadas si resultan ciertas las observaciones que nos trasladan desde distintas organizaciones sindicales y colectivos de personal afectado, en cuanto que se estarían ofertando para su provisión, con carácter definitivo, plazas que en principio estarían incluidas en los referidos procesos de estabilización”.

En ese sentido, señala que “diversas resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, están ofertando vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, a los cuerpos que están pendientes de ello, en las que se están incluyendo todas las vacantes existentes”.

“Es evidente que de seguirse este proceder, en los procesos de consolidación que se incluyen en la Oferta de Empleo Público (OEP) del año 2017 en la Administración de la Junta, los funcionarios interinos que resulten afectados como consecuencia de la cobertura de las plazas ofrecidas a los que hayan superado la promoción interna, se verán en peor situación para competir en los procesos de consolidación”, lamenta el Defensor.

De este modo, afirma que “sin perjuicio del respeto a los derechos que corresponden al personal con una relación estable y permanente en la Administración, el carácter extraordinario de estos procesos de consolidación y de estabilización hace que deban ser objeto de una especial consideración a la hora de determinar las plazas que se ofrecen a los procesos de selección y provisión de puestos”.

Así, indica que si todas las plazas ocupadas por interinidad durante más de tres años de forma ininterrumpida a 31 de diciembre de 2016 “se considera que estarían afectadas por la mencionada OEP extraordinaria, cabría plantearse el bloqueo de la totalidad de las plazas que existen en estas condiciones, que estiman las organizaciones sindicales en torno a unas 2.000, evitando ofertarlas a cualquier proceso de acceso y promoción, sin menoscabo de otros derechos que habría que conjugar con respecto a la movilidad del personal ya fijo”.

En este sentido, y ante las circunstancias que concurren, el Defensor del Pueblo Andaluz asegura que “es fundamental que, con carácter previo, se establezcan unos criterios claros para acometer estos procesos, determinando la metodología y procedimiento de las convocatorias a realizar, la determinación de los puestos a convocar y de los ofertados a movilidad del personal ya fijo para conocer la situación real existente”, para lo cual, insiste, incoa esta actuación de oficio

Enlace a la página:
http://cordopolis.es/2018/04/01/el-defensor-del-pueblo-investiga-los-procesos-de-estabilizacion-del-personal-temporal-de-la-junta/#

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